El caso de Ángel López, fallecido con múltiples golpes en la cabeza mientras estaba al cuidado de su madre biológica, genera duras críticas al sistema de protección. La familia paterna y la justicia buscan determinar responsabilidades.
Doce días después de que Ángel López ingresara en grave estado al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, falleciendo a causa de un paro cardiorrespiratorio, la autopsia preliminar reveló al menos 20 golpes en la zona de la cabeza. El niño se encontraba bajo el cuidado de su madre biológica, Mariela Altamirano, y la pareja de esta, Michel González, tras una decisión judicial que ordenó su restitución, pese a que el menor había vivido desde muy pequeño con su padre y su madrastra.
El caso se investiga como un homicidio, en un contexto que evidenciaría maltratos físicos. Tanto Altamirano como González cumplen prisión preventiva. La madre fue imputada por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, mientras que González enfrenta una imputación por homicidio simple como presunto autor material. La expectativa de pena varía significativamente entre ambas figuras legales.
La investigación, a cargo del fiscal Facundo Oribones, busca determinar si las lesiones fueron resultado de un único episodio o de agresiones reiteradas, lo que podría llevar a una recalificación de la acusación contra González. Mientras tanto, la familia paterna viajó a Buenos Aires, donde se realizará una vigilia en el Obelisco para exigir justicia.
Lorena Andrade, pareja del padre del niño, expresó en redes sociales su dolor y su exigencia de justicia, apuntando contra los imputados y los funcionarios judiciales que autorizaron la revinculación. «Somos humildes trabajadores, pero no boludos y menos corruptos», manifestó.