La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas presentó su informe semestral de Libertad de Prensa durante su 64ª Asamblea anual en Tucumán. El documento señala dos ejes de preocupación: la apropiación de contenidos periodísticos por sistemas de inteligencia artificial y el deterioro del debate público, e incluye cuestionamientos a declaraciones oficiales y restricciones al acceso a fuentes.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó este viernes su informe semestral de Libertad de Prensa, durante la 64ª Asamblea anual de la entidad que se desarrolla en Tucumán. El documento fue elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa y leído por su presidente, Daniel Dessein.
El informe plantea advertencias sobre la situación del periodismo y señala dos ejes de preocupación: el impacto de la inteligencia artificial y la apropiación de contenidos periodísticos, y el deterioro del debate público y las condiciones para el ejercicio profesional.
ADEPA cuestionó el uso de contenidos periodísticos protegidos para entrenar modelos de lenguaje y alimentar algoritmos de búsqueda sin una compensación adecuada para quienes producen esa información. «La protección de la propiedad intelectual no es un obstáculo negociable, sino un pilar fundamental para la supervivencia del ecosistema mediático», sostiene el documento.
La entidad vinculó esta problemática con la sustentabilidad económica de los medios, en un escenario donde las grandes plataformas concentran una parte significativa de los recursos publicitarios. Según ADEPA, la existencia de un periodismo independiente requiere un mercado digital competitivo y transparente, sin distorsiones derivadas de posiciones dominantes.
Cuestionamientos al deterioro del debate público
El informe expresó preocupación por el deterioro del debate público durante los últimos seis meses y por la reiteración de agravios y descalificaciones contra periodistas desde posiciones de poder.
ADEPA señaló que funcionarios y ciudadanos tienen derecho a cuestionar una información, desmentirla, presentar pruebas, solicitar una rectificación o recurrir a las vías legales correspondientes. Sin embargo, marcó una diferencia con la promoción de medidas destinadas específicamente a castigar publicaciones periodísticas consideradas falsas por las propias autoridades.
En ese sentido, la entidad cuestionó las declaraciones realizadas el 25 de agosto por el ministro de Economía de la Nación, quien sostuvo, ante una publicación que consideró falsa, que «la Justicia debería actuar» y planteó la necesidad de una ley que castigara ese tipo de conductas. El planteo fue respaldado posteriormente por el Presidente.
ADEPA advirtió que una legislación de esas características podría otorgar a las autoridades facultades incompatibles con los estándares democráticos de libertad de expresión y generar un efecto inhibitorio sobre la investigación periodística.
La entidad también hizo referencia a un episodio ocurrido días después, durante una exposición del Presidente ante alumnos de la Escuela ORT de Buenos Aires, donde consideró que se alentaron manifestaciones de hostilidad contra periodistas. ADEPA cuestionó especialmente que el episodio se produjera ante adolescentes y en un ámbito educativo.
Ataques contra periodistas en redes sociales
Otro de los puntos relevados fue la cantidad de cuestionamientos y ataques contra la prensa en redes sociales.
Según el informe, durante una semana de agosto, entre el 17 y el 23, se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del Presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo durante intervenciones públicas.
En ese período, de acuerdo con ADEPA, fueron mencionados por su nombre al menos 16 periodistas y cuestionadas nueve empresas de comunicación.
La entidad aclaró que los medios y periodistas pueden cometer errores y deben responder ante sus audiencias y la Justicia, pero diferenció esa responsabilidad de los ataques personales. «Cuando el insulto proviene de la máxima autoridad estatal, y se repite sistemáticamente, la asimetría de poder entre quien agrede y quien es agredido transforma el episodio en un problema que excede ampliamente una disputa entre individuos».
Restricciones al acceso a fuentes oficiales
El documento también puso el foco en las restricciones al acceso de periodistas a fuentes oficiales. ADEPA recordó su preocupación por las limitaciones al ingreso de periodistas acreditados a la Casa Rosada y por situaciones similares denunciadas en la Cámara de Diputados y el Ministerio de Economía.
La organización sostuvo que el acceso de los periodistas a los lugares donde se produce la información no constituye un privilegio corporativo, sino una condición necesaria para preguntar, observar, contrastar versiones y acceder a distintas fuentes.
También cuestionó una resolución del Ministerio Público de San Juan que establecía restricciones para el contacto de sus funcionarios con periodistas y concentraba las consultas en una única autoridad. Según ADEPA, este tipo de mecanismos puede afectar el trabajo periodístico y generar un monopolio oficial de la información.
Decisiones judiciales destacadas
En otro tramo del informe, la entidad destacó distintos fallos y resoluciones judiciales que, durante el último semestre, consideró favorables a la libertad de expresión y al ejercicio profesional. Entre ellos mencionó la decisión de la Cámara de Apelación de San Isidro, que revocó prohibiciones de contacto y difusión impuestas a periodistas en una causa promovida por Claudio Tapia y Pablo Toviggino.
También destacó el sobreseimiento definitivo del periodista Daniel Santoro en la causa vinculada con Marcelo D’Alessio y un fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal que rechazó la desindexación de publicaciones relacionadas con denuncias de abuso sexual contra un director teatral posteriormente absuelto.
Además, ADEPA valoró la restitución provisoria de las cuentas digitales del periodista Alejandro Pueblas, al considerar que las redes sociales constituyen herramientas relevantes para el trabajo periodístico y el contacto con fuentes.
Reclamo por un ecosistema periodístico sostenible
En sus conclusiones, ADEPA planteó que los distintos episodios analizados, aunque tienen características diferentes, muestran una tendencia que requiere atención. La entidad reconoció que las redes sociales permiten a ciudadanos y funcionarios cuestionar rápidamente las informaciones periodísticas y exponer errores, algo que puede contribuir a la rendición de cuentas de los medios.
Pero advirtió que «la democratización de la crítica no debe confundirse con la legitimación del hostigamiento».
En ese sentido, sostuvo que los funcionarios tienen derecho a expresarse y cuestionar al periodismo, pero deben hacerlo dentro de las reglas y responsabilidades propias del sistema republicano.
Al mismo tiempo, ADEPA remarcó que los medios deben asumir sus propios errores, corregirlos, transparentar sus procedimientos y responder ante la Justicia cuando corresponda.
«La respuesta frente a los errores del periodismo no puede ser una verdad oficial, una ley destinada a castigar publicaciones, la restricción del acceso a las fuentes, la judicialización preventiva de investigaciones ni la inducción al desprecio social hacia quienes informan», afirmó.
Finalmente, la entidad sostuvo que la libertad de prensa y la sustentabilidad económica del periodismo forman parte de un mismo problema. En esa línea, vinculó el deterioro del debate público con la apropiación indiscriminada de contenidos por parte de sistemas de inteligencia artificial y advirtió que ambos fenómenos pueden contribuir a reducir el valor de la información profesional.
«Defender la libertad de prensa exige, por lo tanto, proteger tanto la palabra de quienes informan como el valor de aquello que producen», concluyó ADEPA.