Un camionero de Puerto Madryn fue condenado a un año de prisión en suspenso tras ofrecer 300 mil pesos a un efectivo policial para evitar un control de rutina en Rawson. El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2025.
La justicia de Chubut resolvió mediante un juicio abreviado la causa contra Nicolás Flores Orquezo, un camionero domiciliado en Puerto Madryn, por el delito de cohecho activo. El acuerdo establece una condena de un año de prisión en suspenso y pautas de conducta.
El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2025 en la ciudad de Rawson. Dos agentes de la Policía de Chubut que recorrían las calles observaron un camión con acoplado y dos camionetas (una Mercedes Benz y una Toyota modelo HIACE) mal estacionados. Los tres vehículos obstruían la circulación normal.
Al intervenir, la sargenta Natalia Benito y el cabo primero Hugo Ezequiel Maldonado constataron que varias personas estaban trasbordando mercadería del camión a las camionetas. Detectaron que se transportaban frutas y verduras junto a electrodomésticos y sustancias químicas, lo que constituye una infracción a las normas de transporte de alimentos. Se dio intervención a Bromatología de la Municipalidad de Rawson.
Mientras se solicitaba documentación, Flores Orquezo se acercó al cabo primero Maldonado y, en voz baja, le ofreció una suma de dinero. Según consta en la denuncia, dijo: “yo le doy una plata para que me deje ir, yo sé que estoy en falta, yo le doy unos $300.000 para que me deje ir”. El efectivo hizo caso omiso y labró el acta de infracción.
La investigación estuvo a cargo del fiscal general Leonardo Cheuquemán, la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo y la procuradora fiscal Janet Davies. La agraviada en el caso es la Administración Pública.
El acuerdo de juicio abreviado fue presentado ante la jueza de garantías Eve Ponce, quien se tomó el plazo legal de cinco días para resolver. El delito imputado es cohecho activo.
El juicio abreviado es un procedimiento previsto en el Código Procesal Penal que permite resolver una causa penal sin juicio oral y público. Requiere que el imputado reconozca su participación en el hecho y acepte el acuerdo entre el Ministerio Público Fiscal y la Defensa respecto de la calificación legal y la pena. Se aplica cuando la expectativa de pena no supera los diez años de prisión.