La Justicia de Comodoro Rivadavia ordenó indemnizar a una vecina con más de 11 millones de pesos tras comprobar que la firma Inicia Group S.R.L. recibió el pago total por cuatro unidades inmobiliarias comercializadas “en pozo” y la obra permanece inconclusa una década después.
La titular del Juzgado Civil y Comercial N° 2 de Comodoro Rivadavia, Natalia Venter, condenó a la firma Inicia Group S.R.L. a indemnizar a una vecina con una suma superior a los 11 millones de pesos. La sentencia se dictó tras comprobar que la empresa recibió el pago total por cuatro unidades inmobiliarias comercializadas “en pozo” y, una década después, la obra permanece inconclusa y reducida a excavaciones y cimientos.
El proceso judicial fue iniciado por una mujer que en 2014 decidió invertir la herencia recibida de su padre fallecido en la compra de tres departamentos y cocheras correspondientes al emprendimiento denominado “De la Peña”, proyectado en la localidad de Rada Tilly. De acuerdo con la resolución, la compradora cumplió íntegramente con las obligaciones asumidas en los contratos mediante transferencias bancarias y cheques por más de seis millones de pesos. Sin embargo, la desarrolladora nunca concretó la entrega de las unidades comprometidas.
Uno de los elementos centrales para la resolución del caso fue la inspección ocular realizada en el predio ubicado sobre calle De La Peña al 300. Durante la diligencia, la magistrada constató personalmente el estado de abandono del emprendimiento. Según surge de la sentencia de primera instancia —que aún no está firme— el proyecto nunca superó su etapa inicial de ejecución. En el terreno únicamente se observaron excavaciones y estructuras de cimentación, sin paredes, techos ni indicios de actividad constructiva reciente, evidenciando una paralización total de la obra.
Además del incumplimiento contractual, la jueza Venter analizó las consecuencias psicológicas sufridas por la demandante. Las pericias incorporadas al expediente concluyeron que la frustración del proyecto inmobiliario generó una afectación emocional significativa, agravada por el valor simbólico de los fondos invertidos, provenientes de la herencia de su padre. En los fundamentos del fallo, la magistrada sostuvo que la conducta de la empresa provocó un “recrudecimiento del duelo” y profundizó sentimientos de angustia, impotencia y desconfianza.
Como consecuencia, el Juzgado Civil y Comercial N° 2 dispuso una reparación integral a favor de la demandante. La condena incluye la restitución del capital abonado por las unidades inmobiliarias, una compensación por los alquileres que la mujer dejó de percibir durante los años de demora y una indemnización por daño moral fijada en 6 millones de pesos. La sentencia destaca que este último rubro busca reparar la afectación espiritual y emocional provocada por el incumplimiento sostenido de la desarrolladora.
Otro aspecto valorado por el tribunal fue la actitud procesal de la empresa demandada, que durante el trámite judicial fue declarada rebelde al no comparecer oportunamente al proceso para ejercer su defensa. Con este pronunciamiento, la Justicia reafirmó la responsabilidad de las empresas desarrolladoras frente a los compromisos asumidos con adquirentes de proyectos inmobiliarios y reconoció el perjuicio económico y humano sufrido por quienes depositan sus ahorros y expectativas en emprendimientos que nunca llegan a concretarse.