A través de un comunicado, la Red de Universidades Patagónicas advirtió sobre el impacto social y económico de una eventual modificación del régimen. También alertó por la situación presupuestaria de las universidades públicas.
Los rectores y rectoras que integran la Red de Universidades Patagónicas (RUPA) expresaron su rechazo ante posibles modificaciones al régimen de Zona Fría y sostuvieron que el beneficio “no es un privilegio”, sino una herramienta necesaria para compensar las condiciones climáticas y económicas de la región.
A través de un comunicado difundido este mes, las autoridades universitarias manifestaron su preocupación frente a cualquier intento de avanzar con cambios en el sistema que alcanza a millones de usuarios de la Patagonia y otras regiones de bajas temperaturas del país.
En el documento, señalaron que “la Zona Fría no constituye un privilegio, sino un mecanismo de compensación mínima frente a las desigualdades estructurales que implica vivir en territorios atravesados por condiciones climáticas extremas”.
Además, remarcaron que modificar el régimen durante el invierno implicaría trasladar el peso de la situación económica sobre los sectores medios y populares, afectando directamente las condiciones de vida de las comunidades patagónicas.
“La Patagonia no puede ser pensada desde la lógica centralista que desconoce las particularidades territoriales, climáticas y sociales de nuestra región”, expresaron.
Las universidades también advirtieron sobre el impacto que una eventual suba de costos energéticos tendría sobre las instituciones públicas de educación superior, en un contexto marcado por dificultades presupuestarias y reclamos por financiamiento.
En ese sentido, indicaron que las casas de estudio atraviesan una situación crítica producto del desfinanciamiento sostenido, la falta de actualización presupuestaria y la pérdida del poder adquisitivo de docentes y nodocentes.
A ello sumaron que un incremento en las tarifas energéticas agravaría aún más las condiciones de funcionamiento institucional, especialmente en una región donde la calefacción es considerada una necesidad básica.
Desde la Red destacaron además el rol estratégico que cumplen las universidades públicas en la Patagonia, al señalar que forman profesionales, producen conocimiento científico y sostienen redes sociales y culturales en territorios históricamente postergados.
Finalmente, solicitaron a los representantes en el Congreso de la Nación que revisen cualquier iniciativa orientada a modificar el régimen de Zona Fría y remarcaron que defender este esquema implica garantizar condiciones dignas de vida para la población patagónica.
La Cámara de Diputados avanzó este miércoles con uno de los proyectos más sensibles en materia energética del Gobierno nacional: la reforma del régimen de Zonas Frías. Con media sanción y en medio de fuertes cruces políticos, la iniciativa impulsada por el oficialismo propone restringir el acceso a los subsidios al gas natural y podría afectar a millones de hogares de al menos 15 provincias argentinas.
El proyecto obtuvo 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, luego de una sesión ajustada que logró abrirse con el quórum mínimo de 129 legisladores presentes. Ahora el debate continuará en el Senado, donde gobernadores y bloques opositores ya anticipan resistencia.
La reforma busca revertir gran parte de la ampliación aprobada en 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, una medida promovida por Máximo Kirchner que había extendido descuentos en las tarifas de gas a regiones que históricamente no estaban incluidas dentro del esquema original.
Con esta nueva propuesta, el beneficio automático del 50% volvería a quedar concentrado únicamente en las zonas consideradas históricamente frías: la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Sin embargo, incluso en esos casos el subsidio ya no se aplicaría sobre el total de la factura, sino exclusivamente sobre el valor del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), reduciendo de hecho el alcance real del descuento.
La reforma impulsada por el Gobierno impactaría sobre usuarios residenciales de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Jujuy, Salta y La Rioja.
En muchas de estas jurisdicciones dejaría de existir el beneficio automático que rige desde 2021 y el acceso al subsidio quedaría limitado únicamente a usuarios vulnerables o incluidos dentro del esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).
Eso significa que miles de hogares de ingresos medios podrían quedar excluidos del régimen aun viviendo en regiones de bajas temperaturas durante gran parte del año.
Uno de los puntos más cuestionados es que el descuento dejaría de aplicarse sobre la factura completa. Actualmente, muchos usuarios reciben la bonificación sobre cargos adicionales, impuestos y otros componentes incluidos en la boleta. Con el nuevo esquema, el alivio tarifario se limitaría exclusivamente al costo del gas propiamente dicho.
Con información de Facebook (Red de Universidades Patagónicas), redactada y editada por un periodista de ADNSUR