La Legislatura provincial aprobó por amplia mayoría la Ley Antimafias, impulsada por el gobernador Ignacio Torres, para fortalecer la lucha contra el crimen organizado en Chubut.
La Legislatura de Chubut aprobó este jueves, por amplia mayoría, la adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 27.786, conocida como Ley Antimafias. La normativa fue impulsada por el gobernador Ignacio “Nacho” Torres tras hechos de extrema gravedad registrados en Comodoro Rivadavia, entre ellos el homicidio de un testigo clave en una causa por asesinato vinculada a clanes familiares.
La ley establece mecanismos de cooperación permanente entre organismos y jurisdicciones para combatir el crimen organizado, en un esquema de articulación de herramientas judiciales y penales. El objetivo es investigar, perseguir y sancionar estructuras delictivas organizadas en todo el territorio provincial.
En la sesión ordinaria, Torres declaró: “Hoy Chubut avanza hacia un modelo donde la Justicia deja de ser una expresión de deseo para convertirse en una realidad concreta: quienes integren organizaciones criminales van a terminar presos”.
El gobernador agregó que “la Ley Antimafias es una herramienta fundamental para avanzar contra organizaciones y bandas que durante mucho tiempo sembraron el miedo en nuestra provincia”. También agradeció “el compromiso y el acompañamiento de los diputados que respaldaron esta iniciativa”.
Torres sostuvo que “la sociedad necesita respuestas concretas y un Estado decidido a enfrentar a quienes creen que pueden estar por encima de la ley”.
La Ley Nacional Nº 27.786 tiene como objetivo fortalecer la lucha contra estructuras delictivas organizadas, estableciendo herramientas judiciales y penales específicas para investigar y sancionar delitos vinculados al crimen organizado. La adhesión de Chubut permitirá profundizar los mecanismos de cooperación entre distintos organismos y jurisdicciones, fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado frente a organizaciones criminales complejas.
Entre sus fundamentos, la iniciativa plantea una concepción del federalismo basada en la cooperación y la articulación entre provincias y Nación, sin resignar competencias propias y garantizando una mayor eficacia en la lucha contra el delito organizado.