El procedimiento se realizó en el pabellón N°9 de la unidad de detención y permitió el hallazgo de elementos en distintas celdas.
Personal de la Policía del Chubut realizó este jueves una requisa en el pabellón N°9 de la Alcaidía Policial de Comodoro Rivadavia, donde secuestró ocho teléfonos celulares y envoltorios con drogas que se encontraban ocultos en distintas celdas.
La intervención se llevó adelante en el marco de los controles impulsados por el Gobierno provincial para reforzar la seguridad dentro de los establecimientos penitenciarios y prevenir delitos cometidos desde el interior de las unidades de detención.
Según se informó oficialmente, el objetivo de estos procedimientos es impedir la utilización ilegal de dispositivos móviles para la realización de estafas, amenazas y extorsiones desde las cárceles.
El hallazgo se produjo durante una inspección realizada por efectivos policiales dentro del sector de alojamiento, donde también se detectaron envoltorios con presuntas sustancias prohibidas, cuyo contenido será sometido a peritajes.
Por último, desde el Ministerio de Seguridad y la Policía del Chubut indicaron que este tipo de procedimientos continuará desarrollándose de manera periódica en las distintas unidades de detención de la provincia para evitar el funcionamiento de estructuras delictivas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
Chubut prohíbe por ley el uso de celulares en las cárceles luego de un intenso debate legislativo
Cabe recordar que el pasado 9 de abril, la Cámara de Diputados de la provincia sancionó el proyecto que impide el acceso a equipos de telefonía móvil a las personas privadas de su libertad en todas las unidades penitenciarias del territorio.
La iniciativa fue impulsada originalmente por el Poder Ejecutivo y obtuvo luz verde definitiva tras un tratamiento que demandó un intercambio prolongado de posturas entre los integrantes de las diferentes bancadas.
El expediente identificado bajo el número 017/2026 llegó al recinto con el respaldo de un dictamen conjunto redactado por las comisiones permanentes de Asuntos Constitucionales y Justicia, y de Legislación General, Cultura y Educación. Durante el trabajo previo realizado en estos espacios parlamentarios, el texto original enviado por el Gobierno fue modificado para ajustar detalles operativos antes de ser sometido a la votación final de los legisladores.
La fundamentación de la nueva norma se centró en la necesidad de cortar los vínculos de comunicación que permiten, en muchos casos, la coordinación de ilícitos desde el interior de los penales. Los diputados resaltaron que la restricción representa una herramienta de seguridad fundamental orientada a proteger a la ciudadanía y a desarticular organizaciones criminales que operan detrás de los muros de las cárceles.