Declaraciones judiciales y nuevas denuncias ponen bajo la lupa el incremento patrimonial del exfuncionario, mientras el Gobierno mantiene su respaldo.
El testimonio del contratista Matías Tabar ante la justicia federal reavivó el debate sobre el origen de los fondos que permitieron al exvocero presidencial Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, adquirir y refinar propiedades por un valor estimado de 840.000 dólares en los últimos dos años. Según fuentes judiciales, entre los gastos documentados figuran la compra de un semipiso en la calle Miró al 500 y una casa en el country Indio Cua, con reformas que incluyeron jacuzzi, pileta climatizada y una cascada, por un total de 450.000 dólares pagados en efectivo, más deudas por 335.000 dólares a corto plazo. A esto se suman viajes al exterior e interior del país por unos 35.000 dólares.
La diputada Marcela Pagano, quien solicitó la detención de Adorni, sostuvo que el funcionario actuó como “cajero” del presidente Javier Milei, cobrando a empresarios por reuniones con el mandatario. Pagano presentó una denuncia que vincula estos pagos con el Tech Forum y la causa $LIBRA, donde se investiga una presunta criptoestafa. Además, señaló posibles retornos a través de programas de la TV Pública vinculados al productor Marcelo Grandío y su empresa IMGROUP S.A.S., constituida en Uruguay en 2022.
El diputado nacional Esteban Paulón también se refirió al caso: “Hay un circuito de corrupción en el Gobierno donde se roba y se distribuye. Adorni formó parte de la mesa de decisiones y fue interlocutor con empresarios cripto”. Hasta el momento, el Gobierno ratificó a Adorni en su cargo y no se han iniciado procesos formales en su contra.