Una fundación presentó una denuncia penal contra las profesionales que elaboraron informes a favor de la guarda del niño. Señalan omisiones en la evaluación y presunta falta de rigor en el proceso.
En el marco de la investigación penal por la muerte del niño Ángel, que tiene imputados a su madre y padrastro, surgen cuestionamientos al accionar del fuero de Familia y los equipos técnicos intervinientes. La Fundación Más Vida denunció penalmente a las psicólogas Jennifer Leiva y Vanesa Marín, quienes participaron en el proceso de revinculación y elaboraron los informes que fundamentaron la decisión judicial de otorgar la guarda del menor a su madre, Mariela Altamirano.
Según la entidad, la denuncia se basa en los delitos de violación de los deberes de funcionario e informe falso. Desde la fundación manifestaron que, en su visión, las profesionales «tomaron la decisión por cuestionas ideológicas y así forzaron la revinculación». Asimismo, destacaron que las psicólogas «ni siquiera conocían las condiciones» del hogar, ya que no habrían realizado el informe ambiental correspondiente, el cual podría haber alertado sobre las carencias del entorno.
Se indicó que la vivienda donde vivía el niño carecía de condiciones adecuadas y la familia dependía del comedor barrial para alimentarse. Además, se informó que el niño fue cambiado de jardín de infantes y que, según un informe de su maestra, días antes de mudarse con su madre mostraba signos de estar «enojado y angustiado». Estos datos forman parte de los elementos que se analizan en la causa judicial.