La secretaria de Servicios Públicos, Cintia Juárez, sostuvo que el convenio enviado al Concejo Deliberante no elimina la posibilidad de incorporar a los trabajadores y afirmó que las indemnizaciones corresponden a Patagonia Argentina. El pliego establece que la nueva empresa debe absorber al personal necesario.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia respondió al reclamo de los trabajadores que permanecen fuera del nuevo esquema de transporte y cuestionaron la posibilidad de otorgarle a Grupo MR un plazo mayor para completar las unidades previstas.
La secretaria de Servicios Públicos, Cintia Juárez, reconoció la preocupación de los choferes, pero diferenció la situación laboral de los trabajadores del convenio que el Ejecutivo envió al Concejo Deliberante.
La funcionaria explicó que el acuerdo con Grupo MR está vinculado exclusivamente con la incorporación progresiva de las unidades y con la capacidad económica que actualmente tiene el Municipio para afrontar la ampliación del servicio. Según señaló, el convenio no establece una exclusión de trabajadores ni libera a ninguna empresa de las obligaciones laborales que le correspondan.
«Entiendo la preocupación de los choferes que no fueron incorporados y no voy a minimizarlo. Pero hay dos relaciones distintas que debemos explicar con claridad», sostuvo la funcionaria. A partir de esa diferenciación, explicó que una de las cuestiones corresponde al vínculo laboral que los trabajadores todavía mantienen con Patagonia Argentina y la otra está relacionada con el nuevo contrato de transporte y el cronograma de incorporación de unidades.
En relación con los trabajadores que todavía pertenecen a Patagonia Argentina, Juárez afirmó que durante el contrato anterior el Municipio incorporó dentro de la estructura de costos un porcentaje destinado específicamente a afrontar eventuales desvinculaciones. «Durante el contrato anterior el Municipio reconoció y pagó a Patagonia Argentina, dentro del costo del servicio, un 2% calculado sobre la masa salarial como previsión para desvinculaciones, es decir, una previsión por despido», explicó.
Según la secretaria, ese dinero fue transferido a la empresa y debería ser utilizado para cumplir con las obligaciones laborales correspondientes. «Por eso corresponde verificar esas liquidaciones y exigir a Patagonia que responda por esas obligaciones laborales que tiene con sus trabajadores, porque ese 2% se abonó, o sea, la Municipalidad lo pagó», remarcó. De esta manera, sostuvo que las eventuales indemnizaciones de los trabajadores corresponden al vínculo que mantienen con Patagonia Argentina y no quedan determinadas por el nuevo convenio con Grupo MR.
Qué establece el pliego sobre los trabajadores
Uno de los puntos centrales de la respuesta municipal fue la interpretación del pliego que regula el nuevo servicio de transporte. Juárez señaló que la normativa no establece que Grupo MR deba incorporar automáticamente a todos los trabajadores de la empresa anterior, sino que determina la incorporación del personal necesario de acuerdo con el funcionamiento del servicio. «El pliego es claro y es una ordenanza aprobada, donde establece claramente en el artículo 22, que es la parte que habla del traspaso de personal, que la empresa va a absorber la cantidad necesaria. En ningún momento el pliego habla de que se va a absorber la totalidad de los empleados. Habla de la cantidad necesaria», explicó.
La funcionaria también recordó que el Municipio había firmado un acuerdo con la UTA en la Subsecretaría de Trabajo para establecer un mecanismo de incorporación progresiva. Según indicó, cada vez que se sumaran nuevas unidades al sistema, se incorporaría personal restante, dando prioridad a trabajadores provenientes de Patagonia Argentina. «Ese es el compromiso que asumió la Municipalidad», afirmó Juárez, aunque aclaró que existe otra cuestión que debe contemplarse: los trabajadores continúan siendo empleados de Patagonia Argentina mientras no se concrete su incorporación a la nueva empresa. «Patagonia sigue siendo la empleadora de esos 75 trabajadores. Y la Municipalidad pagó cientos de millones en concepto de previsiones de despido. Es decir, quien debe indemnizar, independientemente de este nuevo contrato, es Patagonia», sostuvo.
La secretaria insistió en que el 2% abonado durante el contrato anterior tenía justamente el objetivo de anticipar los recursos necesarios para afrontar las desvinculaciones. «Lo que se abonó dentro de la masa salarial es el 2% en la estructura de costos, siempre como previsión de despido. Entonces, es algo que vos te anticipás que Patagonia debería tener ese dinero para abonar a los empleados para que cuando sean incorporados por MR estas personas puedan estar indemnizadas o, en su defecto, ya hubiesen cobrado», explicó.
Qué plantea el convenio con Grupo MR
Respecto del proyecto que ingresó al Concejo Deliberante, Juárez negó que el acuerdo implique dejar sin efecto la obligación de completar las unidades o modificar el kilometraje previsto para el servicio. Según explicó, el objetivo es establecer un plazo superior al inicialmente previsto para concretar la incorporación de los vehículos, teniendo en cuenta la situación económica del Municipio. «El convenio enviado no modifica para nada, no dice que no se va a cumplir, sino que se va a cumplir pero no en el plazo de los 90 días, dada la capacidad económica», señaló. En ese sentido, vinculó la propuesta con la situación presupuestaria de la Municipalidad y con la adhesión de Comodoro Rivadavia a la Ley Provincial de Emergencia Económica.
Juárez sostuvo que incorporar de manera inmediata todas las unidades pendientes implicaría una mayor exigencia para las cuentas municipales. «Dentro de los informes con los cuales se envía al Concejo Deliberante este convenio que se ha firmado con MR, había que incorporar toda esa capacidad de forma inmediata y agravaría la insuficiencia presupuestaria que ya está proyectada», explicó.
El convenio deberá ahora ser analizado por los concejales, quienes tendrán que determinar si lo ratifican. La secretaria señaló que el expediente está acompañado por tres informes destinados a fundamentar técnica y legalmente la propuesta. «Este convenio lleva tres informes que son muy importantes, no solo por el contenido, sino también porque es la justificación técnica de por qué se firma este convenio y qué es lo que se solicita», detalló. Entre ellos mencionó el informe técnico económico elaborado por la Secretaría de Economía, el informe de Asesoría Letrada y el informe de la Subsecretaría de Transporte.