Un documento oficial de agosto de 2025 detallaba la situación de vulnerabilidad del menor y de la pareja de su padre, mientras la Justicia investiga las causas de su muerte.
Mientras la Justicia penal investiga las lesiones que provocaron la muerte de Ángel, un niño de 4 años, y analiza la hipótesis de homicidio, el debate público se centra en la decisión judicial que otorgó su cuidado a la madre. El padre afirma que sus advertencias no fueron escuchadas, mientras la madre sostiene que se revinculó tras conocer situaciones de violencia.
Como había informado ADNSUR, Lorena Andrade, pareja del padre del niño, radicó una denuncia contra él a mediados del año pasado, alegando que ambos sufrían violencia. Un informe de la Secretaría de Mujer, Género, Juventud y Diversidad de la provincia, de agosto de 2025, al que tuvo acceso este medio, describe la situación de vulnerabilidad que enfrentaban la mujer y el niño.
El documento señalaba que el vínculo estuvo signado «desde sus inicios por situaciones de violencia psicológica, ambiental, económica, física, agravadas por el consumo problemático» de Luis López. Los episodios, según el informe, ocurrían semanalmente y afectaban no solo a Lorena y a Ángel, sino también a «redes familiares y amistades cercanas».
El informe detallaba un último episodio denunciado con «golpes de puño hacia Lorena, rotura del televisor y destrozo del celular de la referida, sumado a agresiones verbales, insultos, descalificaciones y agresiones físicas a familiares presentes».
Ante este panorama, el organismo resolvió brindar «espacios de escucha activa» y acompañamiento. Además, se indicó que Lorena recibiría asesoramiento para «solicitar la tenencia definitiva del niño Ángel» y se planteó la solicitud de una herramienta económica para que pudiera desarrollar «un proyecto autónomo y libre de violencia».
