La Justicia abrió una investigación por lesiones leves y la defensa del trabajador propuso una salida alternativa al conflicto. El hecho ocurrió en abril en el edificio gubernamental de Rawson.
Un trabajador de la Casa de Gobierno de Chubut fue imputado por presuntamente agredir a un compañero con una carcasa de computadora durante una discusión que terminó con lesiones en una de las manos de la víctima. El hecho ocurrió en abril, dentro del edificio gubernamental de Rawson, y motivó la intervención de la Justicia.
La jueza de garantías Eve Ponce resolvió abrir una investigación penal por el plazo de seis meses, a partir del pedido presentado por la Fiscalía de Rawson. La causa fue calificada como lesiones leves y tiene como imputado a A. R. El imputado y la víctima trabajan en la administración pública.
La discusión comenzó en la cocina
Durante la audiencia, la procuradora fiscal Silvina Nicholson expuso la reconstrucción del hecho elaborada por el Ministerio Público Fiscal. Según indicó, el enfrentamiento ocurrió el 1 de abril, alrededor de las 10.30, cuando ambos trabajadores comenzaron a discutir en la cocina de la Casa de Gobierno.
La confrontación continuó posteriormente en un patio interno del edificio. De acuerdo con la acusación, fue en ese sector donde el imputado habría utilizado la carcasa de una CPU para golpear a su compañero, provocándole lesiones leves y escoriaciones en una de sus manos.
Nicholson también señaló que el incidente quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Además, indicó que durante la investigación preliminar fueron entrevistados distintos testigos que habrían presenciado lo sucedido.
La defensa cuestionó la reconstrucción del hecho
Por su parte, los abogados particulares de Ramoa, Lisandro Benítez y Fabricio Petrakowsky, cuestionaron la versión presentada por la Fiscalía y sostuvieron ante la jueza que los acontecimientos no se desarrollaron de la manera descripta por la procuradora fiscal.
Durante la audiencia, los defensores también plantearon la posibilidad de avanzar con una salida alternativa al conflicto, con el objetivo de encontrar una resolución sin necesidad de llegar a un juicio.
Ante ese planteo, Ponce dispuso la apertura de la investigación y anticipó que se realizará una nueva audiencia dentro de tres meses para evaluar la posibilidad de aplicar esa herramienta.
Mientras tanto, la Fiscalía tendrá seis meses para profundizar las actuaciones, reunir pruebas y avanzar en el esclarecimiento del hecho. La causa continúa en etapa de investigación y el trabajador mantiene su condición de imputado, sin que ello implique una declaración de culpabilidad.
Gacetilla de información del Ministerio Público Fiscal, con edición de un periodista de ADNSUR