La defensa de Mariela Altamirano y Michel González espera un nuevo estudio del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema para esclarecer las discrepancias entre los informes médicos sobre el fallecimiento de Ángel López, ocurrido en Comodoro Rivadavia en abril. La prisión preventiva de los imputados fue extendida por seis meses.
La defensa de Mariela Altamirano y Michel González espera una nueva pericia médica para esclarecer la causa de muerte de Ángel López, el niño de cuatro años fallecido en Comodoro Rivadavia en abril. El estudio, que realizará el Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, comenzará el próximo 21 de octubre y buscará resolver discrepancias entre los informes médicos incorporados a la investigación.
En diálogo con Actualidad 2.0, la defensora pública Vanesa Vera explicó que la intervención fue solicitada luego de que un perito de parte de la defensa planteara diferencias respecto de las conclusiones médicas existentes. El objetivo es precisar cuál fue la causa de muerte, determinar la evolución de las lesiones detectadas y establecer su compatibilidad con los estudios realizados durante la internación del niño.
Las declaraciones fueron posteriores a la audiencia de revisión de la prisión preventiva, en la que la Justicia resolvió extender por seis meses tanto la detención de los imputados como el plazo de investigación. Ambos vencimientos quedaron fijados para el 13 de abril de 2027.
Vera aclaró que la defensa no se opuso a la continuidad de la medida de coerción porque no contaba con elementos nuevos que justificaran discutirla en esa instancia. Sin embargo, señaló que la recepción del nuevo informe podría aportar argumentos para solicitar una revisión posterior.
Las diferencias entre los informes médicos
La defensora explicó que la investigación cuenta con un informe inicial que establecía una causa probable de muerte y que luego fue complementado con los resultados del estudio histopatológico. A partir de esa información se elaboró una conclusión posterior, que fue cuestionada en algunos puntos por un médico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que intervino como perito de la defensa pública. “Hubo disidencia en algunos puntos y, frente a estos resultados o dictámenes contradictorios, es que nosotros insistimos en un tercer dictamen”, explicó Vera.
La nueva evaluación deberá contribuir a esclarecer la causa de muerte y las características de las lesiones encontradas en la cabeza del niño. Entre los aspectos que la defensa considera necesario precisar están la data de esas lesiones, sus horas de evolución y su compatibilidad con los estudios médicos realizados mientras Ángel permanecía internado.
La hipótesis planteada por la defensa incluye la posibilidad de que la afección respiratoria del niño haya tenido incidencia en su muerte y que algunas de las lesiones detectadas puedan estar relacionadas con procedimientos médicos realizados durante la internación, entre ellos un electroencefalograma. Se trata de una hipótesis que deberá ser evaluada por los especialistas de la Corte. “Es necesario para nosotros que quede claro cuál es la causa de muerte, porque es un hecho que estas personas tienen que tener en claro”, sostuvo Vera, al explicar por qué consideran importante contar con una nueva opinión forense.
Qué podría cambiar si el informe favorece a la defensa
Consultada sobre si una eventual confirmación de esa hipótesis podría aliviar la situación de los imputados, Vera evitó anticipar consecuencias judiciales y diferenció la estrategia de la defensa de la que pueda adoptar la Fiscalía. “De confirmarse la hipótesis de la defensa, tendríamos un caso distinto para plantear desde la defensa”, respondió.
La defensora aclaró que un resultado favorable no implicaría automáticamente que la situación de los acusados fuera más aliviada. “Hay que ver la Fiscalía cómo construye su caso, si el resultado fuera ‘favorable a la defensa’, su hipótesis de trabajo para una eventual acusación y juicio, y nosotros plantearemos una defensa que esté alineada con esa causa de muerte”, agregó.
La distinción es relevante porque el nuevo informe no resolverá por sí solo la responsabilidad penal de Altamirano y González. Su incidencia dependerá de las conclusiones periciales, de la valoración del conjunto de las pruebas y de las posiciones que sostengan las partes durante la investigación. Por eso, la defensa espera que el estudio permita resolver las discrepancias existentes y contar con una explicación médica más precisa sobre las circunstancias del fallecimiento.
La pericia comenzará el 21 de octubre
Vera indicó que la intervención del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema fue autorizada a fines de junio, pero que su realización requirió completar trámites administrativos, remitir el material necesario y obtener un turno. Según explicó, la defensa pública también debió solicitar autorización para afrontar el costo del estudio, dado que los imputados no cuentan con recursos para pagarlo. Finalmente, el organismo autorizó el desembolso y la pericia quedó programada para el 21 de octubre.
La defensora no pudo precisar cuándo estarán disponibles las conclusiones. “¿Cuánto demorará la conclusión? Desconozco”, señaló, aunque expresó su expectativa de que el trámite avance con la misma rapidez que tuvo hasta ahora. Mientras tanto, Altamirano y González continuarán detenidos y la investigación seguirá abierta durante los próximos seis meses, aunque la defensora no descartó que se pueda pedir una revisión, en caso de que los resultados de la pericia así lo sustenten.