El pedido del gobernador Ignacio Torres para acelerar la ordenanza que asigne tierras a la Zona Franca de Comodoro Rivadavia generó un intercambio de declaraciones entre concejales. La concejal Mariela Aguilar cuestionó la presión y Luciana Ferreyra acusó al oficialismo de no tratar el proyecto.
El pedido público del gobernador Ignacio Torres para acelerar la ordenanza que permita asignar tierras a la Zona Franca de Comodoro Rivadavia abrió un cruce político en el Concejo Deliberante. Durante el acto por los 30 años del muelle de ultramar Antonio Morán, Torres solicitó a los concejales dejar de lado las diferencias políticas y aprobar la cesión de tierras. También destacó la voluntad del intendente Othar Macharashvili de impulsar un proyecto unificado.
La controversia involucra dos proyectos presentados: uno del Ejecutivo municipal y otro de Despierta Comodoro, ambos bajo análisis de la Comisión 4, de la que Aguilar es secretaria. El compromiso de Macharashvili no garantiza que sus propios concejales acompañen la iniciativa.
La concejal justicialista Mariela Aguilar cuestionó el planteo del gobernador: «Me parece una falta de respeto hacia nuestra ciudad utilizar estos lugares como para poder querer presionar a los concejales a tratar una ordenanza que para nosotros no es un trámite», indicó en diálogo con Actualidad 2.0. Aguilar justificó las demoras en observaciones pendientes. Según explicó, el Concejo solicitó un dictamen legal que señaló cuestiones a analizar, entre ellas la falta de un plan de inversiones concreto y las características de los terrenos propuestos, algunos de los cuales, afirmó, fueron señalados como «inundables» por Planeamiento Urbano. También advirtió sobre la cercanía con el Parque Interjurisdiccional Marino Costero y el impacto que la cesión podría tener sobre el crecimiento urbano de Caleta Córdova. «Estamos disponiendo de tierras municipales», remarcó. Para Aguilar, la decisión requiere discutir qué desarrollo se busca para la ciudad y no limitarse a aprobar una ordenanza para entregar tierras a proyectos que, dijo, no está claro cuáles son. La concejal relativizó las expectativas de empleo: consideró que generar 200 o 300 puestos de trabajo sería importante, pero sostuvo que «no va a compensar los aproximadamente 5.000 empleos perdidos en la cuenca petrolera». Como alternativa, propuso analizar otras localizaciones y revisar la disponibilidad de tierras que YPF habría entregado al Gobierno provincial. «Las tierras fiscales que son patrimonio de la ciudad, en mi opinión personal se podrían buscar alternativas por ese lado, porque tampoco los vecinos de Caleta Córdova con los que me reuní están de acuerdo en que la zona franca se instale en su barrio», afirmó.
La presidenta de Despierta Comodoro, Luciana Ferreyra, respondió que el compromiso público de Macharashvili debe traducirse en una conducta concreta de sus concejales. «Yo entiendo que el intendente con sus manifestaciones asumió un compromiso y que ese compromiso debería ser respetado por el bloque oficialista», afirmó. Y agregó: «Espero que estas manifestaciones del intendente no se queden ahí y que haya algo en concreto». Ferreyra sostuvo que su bloque está dispuesto a discutir modificaciones a los dos proyectos, incluido el del Ejecutivo municipal. Según explicó, la iniciativa oficial contiene disposiciones que, a su entender, contradicen la normativa aplicable a las zonas francas, pero consideró que esas objeciones deben discutirse en comisión. «Lo que me parece una falta de respeto es que, existiendo un proyecto que puede traer trabajo, producción y un nuevo horizonte para Comodoro, el bloque oficialista se niegue injustificadamente a tratarlo», planteó. Y resumió: «Ni siquiera se quieren sentar a tratar el tema». También rechazó que no existan proyectos productivos interesados. Aseguró que una iniciativa empresarial ya fue presentada ante concejales y que conoce otras posibles inversiones, aunque aclaró que corresponde a sus responsables dar detalles. Sobre las objeciones ambientales vinculadas con Caleta Córdova, Ferreyra sostuvo que deben evaluarse los proyectos concretos que pretendan instalarse. A su entender, no todas las actividades posibles en una zona franca son incompatibles con la protección costera.