El Poder Ejecutivo publicó el decreto reglamentario de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil para adolescentes de 14 a 17 años. La norma define sanciones, supervisión especializada y coordinación entre Nación y provincias.
El Gobierno nacional publicó este lunes el decreto que reglamenta el Régimen Penal Juvenil establecido por la Ley 27.801, normativa que alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18. El decreto 875/2026, firmado el 4 de septiembre, fue oficializado y establece el marco para la aplicación de la ley.
Según el texto, el Ministerio de Justicia será la autoridad de aplicación en el ámbito nacional y federal, con responsabilidad de coordinar herramientas para el seguimiento de los adolescentes, la asistencia a las víctimas y la articulación con las provincias.
La Ley 27.801 fue sancionada el 27 de febrero y publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo. Su entrada en vigencia está prevista 180 días después de esa publicación. El decreto establece que comenzará a regir junto con la norma.
La edad mínima de 14 años no fue establecida por el decreto reglamentario, sino por la propia ley aprobada por el Congreso. Para determinar el régimen aplicable, se considera la edad del adolescente al momento de cometer el hecho.
Régimen de sanciones y seguimiento
El nuevo régimen establece que los adolescentes deben comprender la responsabilidad derivada de sus actos y apunta a su educación, resocialización e integración social. La normativa contempla distintas alternativas frente a una condena y no establece que todos los adolescentes deban cumplir penas de prisión.
Entre las medidas previstas se incluyen amonestación, restricciones de contacto o circulación, trabajos comunitarios, reparación del daño, monitoreo electrónico y, en determinados casos, penas privativas de la libertad. En caso de prisión, no podrán imponerse penas de reclusión o prisión perpetua y el máximo es de 15 años.
Uno de los instrumentos principales será el supervisor especializado, encargado de acompañar y controlar el cumplimiento de las medidas determinadas por la Justicia. Entre sus obligaciones se encuentran entrevistas semanales con el adolescente y elaboración de informes mensuales sobre su evolución, educación, formación y comportamiento.
Para los casos de competencia nacional ordinaria y federal, el Ministerio de Justicia creó el Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Los profesionales deberán contar con formación terciaria o universitaria en áreas como educación, pedagogía infantojuvenil, psicología o trabajo social, entre otras. También deberán acreditar experiencia profesional, realizar una capacitación inicial obligatoria y continuar con formación en los años siguientes. La reglamentación establece requisitos y restricciones para impedir el ingreso al registro de personas con determinados antecedentes judiciales.
Mientras se conforma el registro definitivo, Justicia elaborará un listado provisorio de profesionales. La primera convocatoria pública deberá realizarse dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto.
Atención a víctimas y coordinación interjurisdiccional
La reglamentación incorpora mecanismos para acompañar a las víctimas de delitos cometidos por adolescentes. El Ministerio de Justicia deberá disponer equipos interdisciplinarios de psicólogos y trabajadores sociales, y coordinar con la Defensoría General de la Nación el acceso al patrocinio jurídico gratuito.
Se establece el registro de decisiones judiciales: cuando un adolescente reciba una pena bajo este régimen, el juez deberá comunicar la resolución al Registro Nacional de Reincidencia, que contará con una sección especial. La información tendrá carácter reservado e incluirá sentencias y resoluciones firmes, así como modificaciones, suspensiones, sustituciones, revocaciones o extinciones posteriores.
El decreto crea un Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, integrado por representantes de los ministerios de Justicia, Seguridad Nacional, Capital Humano y Salud. Su objetivo es coordinar políticas de prevención, abordaje y reinserción de los adolescentes.
También se conformará una Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil para articular con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de unificar criterios técnicos, compartir experiencias y facilitar acuerdos de cooperación.