La trabajadora de planta permanente de la Subsecretaría de Familia fue separada de la administración pública tras comprobarse que presentó certificados con firma y sello falsos de un médico que residía en Europa.
Una trabajadora estatal de Neuquén fue exonerada de la administración pública luego de que se comprobara que presentó certificados médicos adulterados para justificar licencias laborales. El caso tuvo un dato determinante: los documentos llevaban la firma y el sello de un médico que, para esas fechas, no se encontraba en Argentina, ya que residía en Europa.
La sanción recayó sobre María Inés Mellado, quien se desempeñaba como agente de planta permanente en la entonces Subsecretaría de Familia del ex Ministerio de Gobierno, actualmente Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos. La medida se resolvió tras un sumario administrativo que dio por acreditada una falta considerada de extrema gravedad.
Los certificados cuestionados fueron presentados durante el último tramo de la gestión de Omar Gutiérrez, pero la decisión de expulsarla del Estado se hizo efectiva en el marco del proceso de ordenamiento interno que impulsa el gobernador Rolando Figueroa sobre la administración pública provincial.
Según consta en el expediente, la agente presentó certificados médicos los días 15 de marzo y 9 y 10 de mayo de 2023, todos con indicación de reposo laboral. Los documentos tenían sello y firma adulterados.
La irregularidad se confirmó con un informe de la Dirección Nacional de Migraciones, que indicó que el profesional cuya firma aparecía en los certificados había salido del país el 20 de marzo de 2021 con destino a España y que, al 18 de octubre de 2023, no registraba regreso a Argentina.
El médico declaró de manera testimonial por Zoom y ratificó que la firma y la letra no le pertenecían. También aclaró que desde 2021 no ejerce la profesión en Argentina, ya que se mudó a Italia.
Con esos elementos, la investigación interna concluyó que la agente había utilizado documentación falsa para justificar ausencias laborales. La instructora sumariante sostuvo que no quedaban dudas sobre su responsabilidad administrativa.
La trabajadora fue citada a declarar durante el proceso, pero no se presentó. El expediente terminó con una sanción de exoneración, que impide de manera permanente el reingreso a la administración pública.
Los auditores encuadraron la conducta como una maniobra fraudulenta vinculada al uso irregular del régimen de licencias. También señalaron la posible existencia de un delito contra la administración pública y una situación de “notoria indignidad moral”.
El caso fue analizado a la luz del Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública de la Provincia del Neuquén y del Convenio Colectivo de Trabajo correspondiente al organismo. Ambas normas establecen deberes de conducta para los agentes estatales y fijan sanciones ante faltas graves.