La desregulación del practicaje y pilotaje derivó en una medida de fuerza que afecta la operatoria portuaria, con impacto en el comercio exterior y el abastecimiento de combustibles.
La desregulación del sistema de practicaje y pilotaje en Argentina, impulsada por el Decreto 690/2026, derivó en una medida de fuerza que amenaza con alterar la operatoria de los puertos del país. El conflicto afecta tanto las exportaciones de petróleo y combustibles como la distribución de gas y derivados por vía marítima.
El practicaje es un servicio obligatorio para que un buque pueda ingresar, navegar o abandonar un puerto argentino. El decreto modifica el régimen vigente desde 1991, habilitando la libre contratación de prácticos por parte de los armadores, flexibilizando los requisitos para nuevos profesionales, estableciendo un nuevo esquema tarifario con valores máximos de referencia y redefiniendo las condiciones de prestación del servicio.
El Ejecutivo nacional afirmó que estas modificaciones permitirán incrementar la competencia, reducir los costos logísticos y mejorar la competitividad del comercio exterior. Por su parte, las entidades que representan a los prácticos y pilotos sostienen que el decreto desregula un servicio crítico para la seguridad de la navegación, priorizando criterios económicos sobre las condiciones técnicas necesarias para operar en vías navegables de alta complejidad.
Las entidades del sector evalúan presentar una denuncia penal contra el presidente Javier Milei, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y otros funcionarios, argumentando una posible vulneración del artículo 190 del Código Penal, que sanciona conductas que pongan en riesgo la seguridad de una nave.
El conflicto tiene implicancias directas para la industria petrolera. Argentina exporta por vía marítima petróleo y derivados, y también importa gas, insumo vital para la época invernal. Una interrupción prolongada podría afectar la logística de distribución de combustibles líquidos en regiones que dependen del transporte por barco.
El alcance del conflicto dependerá de la duración de las medidas de fuerza y de la evolución de las negociaciones entre las partes. La preocupación del sector radica en que cualquier interrupción prolongada podría afectar simultáneamente el abastecimiento energético interno y el crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos.