Efectivos policiales autoconvocados de Santa Cruz mantienen una medida de fuerza que ya lleva 23 días. Exigen un salario inicial de 2,2 millones de pesos y afirman que continuarán hasta obtener una respuesta del Gobierno provincial.
Víctor Cortés, referente de los efectivos activos de la Policía de Santa Cruz, declaró a SETA TV que la medida de fuerza continuará pese a la denuncia penal presentada por la Fiscalía de Estado. Reclaman un sueldo de 2,2 millones de pesos para los ingresantes. «Estamos peleando por un salario digno», remarcó.
El conflicto salarial que mantiene en tensión a la Policía de Santa Cruz y al Servicio Penitenciario Provincial atraviesa uno de sus momentos más delicados. A un mes del inicio del acampe frente a la Casa de Gobierno de Río Gallegos, los efectivos autoconvocados reafirmaron que continuarán con las medidas de fuerza pese a la denuncia penal presentada por la Fiscalía de Estado contra quienes permanecen en el lugar.
En diálogo con el programa «Buen Día Comodoro» de SETA TV, el suboficial escribiente Víctor Cortés, referente de los efectivos activos en la provincia, aseguró que el reclamo se sostiene por la falta de respuestas del Gobierno provincial y remarcó que la protesta cuenta con un amplio respaldo de los trabajadores. «Acá estamos firmes y dignos, peleando por un salario digno para toda la familia policial, tanto para activos, pasivos como pensionados», expresó.
Según explicó Cortés, el origen del reclamo se remonta al 8 de febrero, cuando los efectivos presentaron un petitorio para solicitar una recomposición salarial que permitiera mejorar los ingresos del personal que recién inicia la carrera policial. El referente indicó que actualmente un agente ingresante percibe entre 800.000 y 900.000 pesos mensuales, mientras que un efectivo con aproximadamente un año de antigüedad ronda los 1.100.000 pesos, cifras que —afirmó— no alcanzan para cubrir el costo de la canasta básica. «Nunca fuimos escuchados por el Gobierno. Se dice que esto es político, pero no lo es. Venimos reclamando desde febrero. Hubo un hartazgo y la situación ya no daba para más», sostuvo.
En ese sentido, explicó que las primeras acciones consistieron en la presentación de notas formales, luego realizaron bocinazos y colocaron pancartas, hasta que finalmente resolvieron avanzar con una medida de fuerza. Actualmente, el sector reclama que el salario de un agente ingresante alcance los 2.200.000 pesos.
El acampe frente a la Casa de Gobierno comenzó el 26 de mayo con la participación de policías retirados, quienes instalaron la denominada «Carpa de la Dignidad». Con el correr de las semanas, la protesta fue creciendo y se sumaron efectivos activos de distintas localidades de la provincia, además de integrantes del Servicio Penitenciario. Cortés señaló que el conflicto se extendió rápidamente hacia otras ciudades de Santa Cruz y destacó que el respaldo fue prácticamente unánime. «El levantamiento comenzó junto con localidades de la zona norte. Después se sumó Caleta Olivia y hoy prácticamente toda la provincia acompaña la medida», afirmó.
De acuerdo con el referente policial, el nivel de adhesión alcanza el 95% del personal, un dato que calificó como «histórico», ya que incluso oficiales superiores decidieron acompañar el reclamo desde el inicio. «En 2012 los oficiales se habían sumado recién después de 15 días. Ahora acompañaron desde el minuto cero», remarcó. Como consecuencia de la protesta, actualmente la fuerza trabaja bajo una modalidad de quita de colaboración, garantizando únicamente la atención de urgencias, emergencias y las guardias mínimas.
La tensión aumentó durante los últimos días luego de que la Fiscalía de Estado presentara una denuncia penal contra quienes permanecen acampando dentro del predio de la Casa de Gobierno. Según relató Cortés, la situación se originó luego de una nueva reunión paritaria en la que la propuesta salarial del Ejecutivo fue considerada insuficiente por los trabajadores. Tras ese encuentro, un grupo de retirados ingresó al patio interno del edificio gubernamental e instaló cuatro carpas. «Esa misma noche el secretario de Estado, Javier Aravena, nos amenazó diciendo que los referentes de la mesa de unión policial y penitenciaria íbamos a ser detenidos si no retirábamos la carpa», denunció.
Sin embargo, explicó que fueron las propias bases quienes resolvieron ampliar la protesta incorporando también a los efectivos activos. «No es una decisión de los referentes. Las bases decidieron continuar y hoy el acampe es mucho más grande. No nos vamos a retirar hasta conseguir un aumento salarial digno», aseguró. Respecto de la denuncia penal, Cortés rechazó las acusaciones y sostuvo que el ingreso al edificio fue completamente pacífico. «La denuncia habla de un ingreso violento y eso no ocurrió. Se entró cuando abrieron la puerta. Hay videos que muestran claramente que no hubo violencia ni coacción», afirmó.
Consultado sobre si el conflicto había repercutido en la seguridad pública, especialmente tras algunos hechos registrados en Caleta Olivia, el suboficial aseguró que, hasta el momento, no existen indicadores que relacionen el reclamo con un incremento del delito. «Que nosotros sepamos, no. Incluso el propio jefe de Policía manifestó que no hubo consecuencias en ese sentido», indicó. Mientras tanto, los efectivos mantienen firme la protesta y aseguran que permanecerán frente a la Casa de Gobierno hasta obtener una respuesta concreta del Ejecutivo provincial en el marco del Consejo del Salario, el ámbito de negociación establecido para discutir las condiciones laborales de la fuerza.