El Concejo Deliberante de Trelew aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe la limpieza de parabrisas y otras intervenciones sobre vehículos en espacios públicos. La medida, que busca prevenir conflictos, fue explicada por el secretario de Gobierno, Mario Romeo.
El Concejo Deliberante de Trelew aprobó por unanimidad una ordenanza que prohíbe la actividad de los limpiavidrios en la calle. Tras esa decisión, Mario Romeo, secretario de Gobierno, explicó los motivos de la medida durante una entrevista con la prensa.
El funcionario sostuvo que la iniciativa tiene como eje principal la convivencia ciudadana y la prevención de situaciones conflictivas que, según señaló, se registraron entre quienes realizan esta actividad y las personas que circulan por la ciudad.
“Evitar violencia contra los automovilistas, transeúntes y entre ellos”, expresó Romeo al referirse al objetivo central de la ordenanza.
La normativa establece restricciones para la limpieza de parabrisas, vidrios u otras intervenciones sobre vehículos en espacios públicos de Trelew. La medida alcanza tanto a los casos en los que el conductor solicita el servicio como a aquellos en los que la acción comienza sin un pedido previo.
Desde el Concejo Deliberante señalaron que la decisión apunta a ordenar el uso del espacio público, reforzar la seguridad vial y evitar situaciones en las que los automovilistas puedan sentirse obligados a aceptar la actividad o entregar dinero.
Romeo explicó que el conflicto no está solamente relacionado con la tarea que se realiza, sino con la forma en que algunas personas la llevan adelante. En ese sentido, afirmó: “es una actividad que no se puede realizar y, sobre todo, con esa violencia”.
El funcionario también advirtió sobre posibles consecuencias vinculadas a esta práctica, como discusiones, agresiones o maniobras que puedan poner en riesgo a conductores y peatones.
Además de la prohibición, Romeo indicó que se evaluaron alternativas para acompañar a las personas que actualmente realizan esta actividad. Según explicó, existe un trabajo articulado con organismos vinculados a Desarrollo Humano, la asesoría de familia, la defensa y el juez de familia.
El funcionario remarcó que cada situación requiere un tratamiento diferente y mencionó que debe distinguirse entre quienes atraviesan problemas de adicción y quienes aceptan o rechazan recibir asistencia del sistema de salud.
Respecto de las sanciones previstas, Romeo señaló que una norma debe contemplar consecuencias ante incumplimientos, aunque cuestionó la aplicación de multas cuando se trata de personas que no cuentan con recursos económicos. “Toda norma tiene que tener su sanción, pero multar a una persona sin recursos no tiene sentido”, sostuvo.
Entre las herramientas contempladas aparecen las instancias de mediación para resolver conflictos, el decomiso de los elementos utilizados para realizar la actividad, la intervención de la Guardia Urbana y, si fuera necesario, la participación de la fuerza pública para retirar a quienes no cumplan con la disposición.
La ordenanza comenzará a aplicarse una vez que sea promulgada, un proceso que podría concretarse aproximadamente 40 días después de su aprobación.