El Tribunal de Impugnación de Neuquén inició hoy la revisión de la condena contra 12 personas por el desvío de fondos destinados a planes sociales, proceso que se extenderá durante 11 jornadas y que debe concluir antes de noviembre para evitar el sobreseimiento.
El Tribunal de Impugnación de Neuquén, integrado por los jueces Federico Sommer, Liliana Deiub y Mauricio Macagno, comenzó hoy a revisar la condena dictada contra 12 personas por el desvío de fondos destinados a planes sociales durante el gobierno de Omar Gutiérrez. La maniobra, valuada en 153 millones de pesos a valores históricos y más de mil millones a valores actualizados a 2024, involucró a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social entre el 30 de septiembre de 2020 y el 31 de julio de 2022.
El proceso constará de 11 jornadas de audiencias, incluidos sábados, con fecha de cierre prevista para el miércoles 8 de julio. El fallo se conocerá tras la feria judicial de invierno.
Entre los condenados se encuentra el exministro de Desarrollo Social Abel Di Luca, quien recibió una pena de 5 años de prisión efectiva. Otras condenas incluyen a Tomás Siegenthaler (5 años), Ricardo Soiza (5 años, prisión domiciliaria), Néstor Sánz (4 años y 6 meses, prisión domiciliaria), Marcos Osuna (4 años, prisión domiciliaria), Luis Gallo (3 años y 6 meses), Julieta Oviedo (3 años y 6 meses), Alfredo Cury (3 años y 6 meses), Laura Reznik (3 años de ejecución condicional), Valeria Honorio (3 años de ejecución condicional), Isabel Montoya (3 años de ejecución condicional) y Emanuel Victoria Contreras (3 años de ejecución condicional). Soiza, Sánz, Osuna, Cury y Reznik fueron exonerados administrativamente por el gobernador Figueroa tras el fallo.
El viernes 3 de julio está reservado para la exposición del Ministerio Público y la Fiscalía de Estado, que representan los intereses de la provincia como querellantes. Ambos cuestionarán la absolución por asociación ilícita, argumentando que la maniobra fue ejecutada por una organización criminal estable. El tribunal puede confirmar la sentencia, modificar las penas o reenviar el fallo a otros jueces.
En noviembre se cumplen cuatro años del inicio de la investigación. Si para entonces el proceso no ha concluido, la ley obliga a sobreseer a todos los imputados.