La propuesta oficial incluye mejoras salariales, becas y fondos para hospitales universitarios. Sin embargo, las negociaciones se trabaron por el pedido del Ejecutivo de retirar la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema.
El conflicto entre el gobierno nacional y las universidades públicas por el presupuesto sumó un nuevo capítulo en busca de intentar destrabarlo, en medio de los paros, protestas y marchas convocadas por los gremios.
La reunión contó con la participación del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a los rectores de las universidades públicas del país.
Si bien se trató de un encuentro con bajo perfil, trascendió que ambas partes lograron acercar posiciones y alcanzaron un principio de acuerdo sobre una mejora presupuestaria para el sector. Sin embargo, las negociaciones se frenaron por una condición impuesta por el Gobierno: que las universidades retiren la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La última medida de fuerza se llevó a cabo del 26 al 30 de mayo con retención de servicios en las principales universidades del país.
Qué ofreció el Gobierno
La propuesta oficial contempla un aumento salarial del 24,3% para docentes universitarios. Ese incremento busca compensar parte de la pérdida del poder adquisitivo acumulada entre 2024 y lo que va de 2026.
El esquema planteado prevé un pago en dos tramos: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
Además, el Ejecutivo ofreció:
- Un aumento del 50% para las becas Manuel Belgrano.
- Un incremento del 20% para gastos de funcionamiento de las universidades.
- Un fondo extra de 50 mil millones de pesos para hospitales universitarios.
También se propuso crear una comisión técnica para revisar las partidas adeudadas correspondientes a 2024 y establecer negociaciones paritarias cada tres meses.
El punto que trabó el acuerdo
Pese a que desde el ámbito universitario consideraron que la oferta era “razonable”, el acuerdo no prosperó por el pedido del Gobierno de retirar la demanda judicial vinculada a la Ley de Financiamiento Universitario.
La ley, aprobada por el Congreso, obliga al Estado a actualizar salarios y becas de acuerdo a la inflación. Según las universidades, el incumplimiento de esa norma representa una deuda cercana a los 2,5 billones de pesos.
Desde el Ejecutivo sostienen que cumplir con ese esquema afectaría el objetivo de mantener el superávit fiscal.
Los rectores rechazaron retirar la demanda y remarcaron que la presentación judicial funciona como una garantía para defender el presupuesto universitario.
“Eso no va a suceder”, señalaron desde el sector universitario, aunque dejaron abierta la posibilidad de seguir negociando.
Mientras tanto, ambas partes continúan buscando una salida al conflicto que mantiene en alerta a las universidades públicas de todo el país.