La Justicia de Esquel ratificó la prisión preventiva de una mujer acusada de asesinar a su marido en Tecka. La defensa había solicitado su liberación o arresto domiciliario, pero la Fiscalía advirtió riesgos procesales.
La Justicia de Esquel resolvió mantener en prisión preventiva a la mujer imputada por el homicidio de su pareja en Tecka, al considerar que persisten riesgos procesales que podrían entorpecer el avance de la investigación. La decisión fue ratificada luego de una nueva audiencia solicitada por la defensa particular, que buscó revertir la medida dispuesta durante el control de detención. De este modo, la acusada continuará detenida hasta el próximo 28 de mayo, fecha en la que volverá a analizarse su situación procesal.
Durante la audiencia, el fiscal Fidel González y el funcionario de Fiscalía Julián Forti defendieron la continuidad de la cautelar. Los representantes del Ministerio Público Fiscal detallaron los avances obtenidos en el primer mes de investigación y sostuvieron que todavía quedan diligencias pendientes y testimonios por incorporar. En ese contexto, advirtieron que en una localidad pequeña como Tecka los vínculos familiares y sociales pueden incidir sobre el desarrollo de la pesquisa y condicionar la declaración de testigos clave.
La defensa pidió la inmediata liberación de la imputada o, en subsidio, que se le concediera arresto domiciliario en Tecka. Para fundamentar el planteo presentó un informe socioambiental que acreditó arraigo en la localidad, una trayectoria laboral de 21 años en un hospital rural y la inexistencia —según su postura— de riesgos procesales relevantes, especialmente después de realizada la Cámara Gesell a un menor vinculado con la causa. Además, argumentó que la prisión preventiva provocó la pérdida total de ingresos del núcleo familiar y sostuvo que el caso debe analizarse en el marco de un contexto de violencia de género crónica.
Sin embargo, la Fiscalía insistió en que la investigación continúa abierta y que la gravedad del hecho, sumada a la imputación por homicidio agravado por el vínculo —delito que prevé prisión perpetua—, justifica la continuidad de la medida. Los acusadores también incorporaron antecedentes que, a su criterio, refuerzan la hipótesis fiscal: testigos que señalaron que días antes del crimen la mujer habría amenazado a su pareja con un cuchillo durante una discusión por una presunta infidelidad, otro episodio en el que habría intentado romper una abertura de su vivienda con un hacha y declaraciones que mencionan amenazas de muerte previas.
Uno de los puntos en los que la Fiscalía hizo especial hincapié fue la conducta posterior al hecho. Según expusieron los investigadores, la imputada le habría enviado a su hijo una fotografía del cuerpo sin vida de la víctima el mismo día del homicidio. Para el Ministerio Público, ese episodio resultó especialmente impactante y fue incorporado como uno de los elementos de mayor peso dentro de la causa. A criterio de los fiscales, la imagen enviada al hijo constituye un indicio relevante sobre el comportamiento de la acusada después del crimen y debe ser valorado al momento de definir la necesidad de sostener la prisión preventiva.
En paralelo, la Fiscalía rechazó por ahora que existan pruebas objetivas que respalden la hipótesis de legítima defensa planteada por la defensa. Indicó que no se constataron lesiones en la imputada, que no existen denuncias previas y que, tras consultar a personal del hospital, de la comisaría de la mujer y a referentes religiosos de la comunidad, no aparecieron antecedentes documentados de violencia sufrida por la acusada durante los 26 años de relación con la víctima.
Finalmente, la jueza resolvió rechazar tanto el pedido de libertad como la solicitud subsidiaria de arresto domiciliario. La magistrada consideró que persiste el riesgo de entorpecimiento de la investigación, que la gravedad del hecho continúa siendo alta y que existen elementos suficientes para sostener la probabilidad de autoría. No obstante, aclaró que analiza el expediente con perspectiva de género y reconoció que la hipótesis defensiva constituye una línea seria de investigación, aunque remarcó que deberá acreditarse durante el proceso. La próxima audiencia quedó fijada para el 28 de mayo de 2026, cuando se volverá a discutir si corresponde mantener o morigerar la prisión preventiva.