El gobierno provincial implementó un mecanismo inédito para recuperar los costos generados por operativos ante amenazas en establecimientos educativos, con intimaciones que superan los seis millones de pesos.
El Gobierno de Santa Fe puso en marcha una medida inédita para recuperar los costos que generan las amenazas falsas en escuelas. Se trata de las primeras intimaciones de pago a padres de menores identificados como autores de esos hechos, con montos millonarios por cada operativo desplegado.
La primera notificación se realizó en la ciudad de Santa Fe a los padres de un menor identificado como autor de una amenaza. Según informó el funcionario, deberán pagar 6.024.944 pesos como responsables solidarios. Durante la notificación, según trascendió, el padre reaccionó con una frase que rápidamente se viralizó: “Cara la jodita”.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que se trata de un mecanismo patrimonial y administrativo para reclamar el gasto que provocan estos procedimientos. “Hoy se despachó la primera comisión policial para notificar la primera intimación, en el marco de la resolución dictada para el recupero de los costos de los operativos que se despliegan a partir de llamadas por amenazas en establecimientos educativos”, señaló.
Y adelantó que habrá más intimaciones en las próximas horas y explicó que los responsables tienen cinco días para pagar. Si no lo hacen, los antecedentes serán enviados a la Fiscalía de Estado para avanzar judicialmente. El ministro detalló que ya se identificaron responsables en 58 amenazas, lo que involucra a más de 70 personas entre autores y adultos responsables.
“A medida que la Fiscalía valida las identidades —sean mayores o menores, punibles o no— se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, explicó. Según estimaciones oficiales, el monto total que el Estado busca recuperar ya supera los 250 millones de pesos, cifra que podría crecer con nuevos casos.
El funcionario aclaró que no se trata de una multa penal sino de un reclamo civil para resarcir el daño económico generado por cada operativo. “No es una multa ni una pena: es una deuda civil que se ejecuta conforme al Código Civil y Comercial y al Código Procesal Civil y Comercial de Santa Fe, lo que permite, por ejemplo, embargar sueldos o inhibir bienes”, precisó.
El funcionario explicó que los montos se calculan según el costo real de cada operativo: combustible, móviles, brigadas especiales, personal afectado y horas de servicio. “No es ni un peso más ni un peso menos que el costo exacto que el operativo tuvo para los santafesinos. Hay que ser muy conscientes y cuidar los recursos”, concluyó. La medida busca desalentar este tipo de amenazas, que suelen paralizar escuelas y movilizar importantes recursos de seguridad y emergencia.