Ivana Álvarez, directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Nuestra Señora del Carmen” en Río Gallegos, fue separada de su cargo en el marco de una causa federal por explotación sexual infantil.
Ivana Álvarez, directora del Centro Integrador Comunitario (CIC) “Nuestra Señora del Carmen” en Río Gallegos, Santa Cruz, fue desvinculada de su cargo en las últimas horas, como parte de una investigación que lleva adelante la justicia federal. El gobierno provincial dispuso la medida de forma oficial y preventiva, tras conocerse un procedimiento realizado en su domicilio particular en el marco de la causa “Aliados por la Infancia VI”, por explotación sexual infantil.
Dicha causa derivó en allanamientos en 18 provincias argentinas, entre ellas Santa Cruz, y en otros países de América y Europa. En la provincia patagónica se realizaron 13 allanamientos y se detuvo a 8 personas. Los procedimientos fueron impulsados por el trabajo conjunto de la Embajada de Estados Unidos, el U.S. Department of Homeland Security y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires.
Álvarez estaba al frente del CIC, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, desde 2024. Según fuentes consultadas por La Opinión Austral, la exfuncionaria quedó a disposición del juzgado interviniente y su situación judicial estaría relacionada con el consumo de material de abuso sexual infantil.
Desde el Gobierno de Santa Cruz, a cargo del gobernador Claudio Vidal, señalaron que la decisión se tomó de forma inmediata tras tomar conocimiento del caso. “Frente a situaciones de esta naturaleza de público conocimiento se actuó con rapidez y responsabilidad, priorizando el resguardo institucional y la confianza de la comunidad en los espacios públicos. El Gobierno de Santa Cruz acompaña el accionar de la Justicia y mantiene una postura institucional frente a este tipo de situaciones”, indicaron oficialmente.
Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre imputaciones o eventuales medidas procesales, ya que la investigación continúa en desarrollo. La noticia causó gran repercusión, debido a que la funcionaria era conocida por su trabajo territorial y por ser la primera mujer trans en ocupar un cargo directivo de este tipo en la provincia. Desde el Gobierno remarcaron que la prioridad fue preservar el funcionamiento institucional y acompañar el accionar judicial. El caso sigue bajo investigación y no se descartan nuevas medidas en el expediente federal.