El secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga, será juzgado a partir del 19 de octubre de 2026 por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del sindicato. La acusación sostiene que entre 2019 y 2023 se transfirieron fondos de ATE a cuentas personales.
El 19 de octubre de 2026 comenzará el juicio oral y público contra Guillermo Quiroga, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Chubut, en una causa en la que está imputado por el presunto delito de defraudación por administración fraudulenta, en perjuicio de la organización sindical.
El dirigente llega al banquillo de los acusados tras una denuncia vinculada al manejo de fondos del gremio y que permitió establecer un circuito de defraudación con fondos del sindicato que tenía a su cargo dirigir. El juicio estará a cargo de la jueza Karina Breckle.
Según la acusación fiscal, entre 2019 y 2023 se habrían realizado transferencias desde cuentas pertenecientes a ATE hacia cuentas personales de Quiroga y de personas de su entorno familiar, con el objetivo de afrontar gastos particulares.
El monto originalmente investigado supera los 22 millones de pesos en operaciones que, de acuerdo con la acusación, habrían sido realizadas durante el período analizado. La reconstrucción de los movimientos bancarios fue realizada por contadores del Equipo Técnico Multidisciplinario de la Procuración General.
La causa fue elevada a juicio luego de que la jueza de garantías de Rawson Eve Ponce rechazara los planteos de la defensa de Quiroga, a cargo del abogado Oscar Romero, y habilitara el avance del proceso. La Fiscalía, encabezada en esta etapa por el fiscal general jefe Lucas Papini, presentó documentación, información bancaria, pericias y testimonios para sostener su acusación.
Durante el juicio, las partes podrán exponer sus posiciones y presentar la prueba admitida. Entre los elementos incorporados al proceso se encuentra documentación obtenida a partir del análisis de las cuentas bancarias y está prevista además la declaración de numerosos testigos.
Desde la fiscalía anticiparon que solicitarán una condena de 3 años y 2 meses de prisión efectiva, mientras que las querellas solicitaron una pena de hasta cuatro años, además de otras consecuencias vinculadas al ejercicio de cargos sindicales.
CÓMO SE INICIÓ LA INVESTIGACIÓN
El expediente comenzó a partir de una denuncia presentada por Claudia Barrionuevo, quien se desempeñaba como secretaria de Finanzas de ATE. A partir de esa presentación se inició la investigación sobre el manejo de fondos de la organización.
Con el avance del proceso, otros afiliados del gremio se incorporaron como querellantes y pasaron a formar parte de la causa.
Los afiliados denunciantes fueron representados por los abogados Danilo Sepúlveda y Alejandro Castillo, quienes coincidieron con los planteos formulados por el Ministerio Público Fiscal durante la audiencia preliminar.
Con información de Diario Jornada, editada y redactada por un periodista de ADNSUR