La provincia de Río Negro suscribió un convenio de estabilidad regulatoria con consorcios energéticos para la instalación de plantas flotantes de licuefacción y un gasoducto, con el objetivo de exportar gas natural licuado desde su costa atlántica.
El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, firmó en Buenos Aires un acuerdo de régimen fiscal y estabilidad regulatoria con los consorcios Southern Energy (SESA) y San Matías Pipeline. El marco del acuerdo es el desarrollo de infraestructura para la exportación de gas natural licuado (GNL) desde la costa rionegrina.
El entendimiento establece condiciones de previsibilidad para una inversión que contempla la instalación de dos buques de licuefacción en el Golfo San Matías. Según el cronograma previsto, el primero comenzará a operar en septiembre de 2027, mientras que el segundo lo hará en el segundo semestre de 2028.
El esquema se completa con la construcción de un gasoducto de 471 kilómetros que vinculará la producción de Vaca Muerta con la costa atlántica de Río Negro. La obra permitirá integrar el circuito desde la extracción hasta la exportación, en línea con proyectos internacionales de monetización de gas.
Durante la firma, Weretilneck señaló que el acuerdo «posiciona a Río Negro como puerta de salida de la energía argentina al mundo», en referencia al rol logístico que asumirá la provincia dentro de la cadena de exportación de GNL.
El consorcio Southern Energy —integrado por Pan American Energy, YPF, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG— proyecta una inversión superior a los US$15.000 millones para la operación de los buques, con una capacidad estimada de producción de 6 millones de toneladas anuales de GNL.
En paralelo, el consorcio San Matías Pipeline, con la misma composición accionaria, tendrá a su cargo el desarrollo del gasoducto, considerado una pieza central para garantizar el abastecimiento de gas a las unidades flotantes de licuefacción.
Desde el punto de vista económico, el acuerdo prevé ingresos para la provincia a través de cánones, regalías y tasas de control por un total estimado de US$55 millones en un plazo de 20 años. A esto se suma un aporte comunitario inicial de US$36 millones destinado a seguridad, salud e infraestructura, además de un esquema de ingresos contingentes atado a la evolución del precio internacional del GNL.
El convenio también incorpora compromisos ambientales vinculados al monitoreo permanente de la zona costera del Golfo San Matías, en el marco de los requisitos regulatorios para este tipo de desarrollos offshore.