En el marco del juicio oral que se desarrolla en Río Gallegos, la querella que representa a familiares de los tripulantes sostiene que las pruebas presentadas consolidan la hipótesis de que el submarino operaba con limitaciones. Cuatro ex altos mandos de la Armada están imputados.
La abogada Valeria Carreras, representante de 34 familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan, afirmó que las primeras semanas del juicio oral en Río Gallegos consolidan la hipótesis de la querella: el submarino fue enviado a navegar sin estar en condiciones operativas plenas, en un contexto de recortes y decisiones jerárquicas cuestionadas.
En diálogo con medios, la letrada sostuvo que las declaraciones testimoniales técnicas comenzaron a despejar dudas. También anticipó que buscará avanzar sobre responsabilidades políticas en una etapa posterior. En el banquillo de los acusados se encuentran cuatro exjefes de la Armada que ocupaban altos cargos al momento de la última navegación: el contralmirante (RE) Luis Enrique López Mazzeo; el capitán de navío (destituido) Claudio Javier Villamide; el capitán de navío (RE) Héctor Aníbal Alonso; y el capitán de fragata (RE) Hugo Miguel Correa. Todos están imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.
Carreras marcó una diferencia entre la primera semana del juicio -con declaraciones de imputados- y la actual, centrada en testigos bajo juramento. Según detalló, un auditor de la Armada describió un escenario crítico y dejó en claro que la nave tenía limitaciones operativas. «El buque flotaba, navegaba, podía ir a inmersión, pero con limitaciones, es decir, no estaba perfecto», explicó. La abogada citó una analogía utilizada en la audiencia: «Es como un auto que tiene que ir a Mar del Plata sin luces y sin limpiaparabrisas: va a poder llegar si es de día y no llueve, pero si llueve en el camino va a estar complicado».
En la misma línea, un ex comandante del submarino sostuvo que la nave «no estaba operativa para una misión de 24 días», como la que finalmente realizó. Uno de los elementos que, según Carreras, refuerza la imputación es la comparación entre años consecutivos. «El submarino en 2016 era el mismo, las averías eran las mismas y las pruebas pendientes eran las mismas que en 2017», explicó. Sin embargo, ese año navegó «menos de la mitad de días». La diferencia, planteó, no fue técnica sino de conducción.
Uno de los episodios sensibles de las audiencias fue el pedido de investigación por falso testimonio contra un ex jefe del Comando de Fuerza de Submarinos. Carreras relató que el oficial respondió reiteradamente «no recuerdo» ante preguntas clave. «Cuando conté 25 ‘no me acuerdo’, dije: acá está pasando algo mucho más que raro», señaló.
La abogada también se refirió al testimonio del capitán de mayor antigüedad en submarinismo, al que acusó de intentar justificar el desenlace. Según reconstruyó, el oficial afirmó que los tripulantes «eran hombres preparados para el riesgo, para el peligro, para dar la vida», y que además «cobraban un plus por trabajo de riesgo». Para la querella, esa línea argumental resulta inadmisible. «Esto equivale a decir que sabían que podían morir. Es una canallada», cuestionó, y agregó: «No estamos en tiempo de guerra. No se puede justificar la muerte en base a la peligrosidad del trabajo».