En medio del debate nacional por la baja de la edad de punibilidad, el secretario de Coordinación y Política Institucional de la Defensa Pública de Chubut, Germán Kexel, sostuvo que es necesario actualizar el régimen penal juvenil vigente desde 1980, pero advirtió que el proyecto en discusión “no brinda herramientas concretas” para cumplir el objetivo que declama: la reintegración social de los adolescentes.
Entrevistado en Actualidad 2.0, Kexel coincidió en que el sistema actual “nos quedó viejo” y requiere adecuaciones a la luz de las normas nacionales e internacionales sancionadas en las últimas décadas. “Es necesario aggiornarlo, mejorarlo, a fin de lograr el fin que en definitiva se propone el sistema, que es que los adolescentes logren reintegrarse a sus comunidades, resocializarse y tener un sentido de responsabilidad por los hechos por los cuales pueden ser declarados responsables”, afirmó.
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Sin embargo, planteó que el eje del debate no debería reducirse exclusivamente a la edad de punibilidad.
La edad, en el centro de la discusión
El proyecto original proponía fijar la punibilidad a partir de los 13 años, luego elevada a 14. Para Kexel, esa discusión corre el foco del problema estructural.
“La discusión de la edad termina siendo un poco una trampa porque no tiene que ver con los problemas que tenemos nosotros con el régimen penal juvenil”, sostuvo en el mismo espacio, por Radio Del Mar. Y fue más directo: “Yo ya no lo estoy pudiendo hacer como quisiera con los de 16 y 17. Entonces, meterme al de 14 y 15 está bastante lejos de resolver el problema”.
El funcionario explicó que la existencia de un régimen diferenciado para adolescentes responde a cuestiones vinculadas con el proceso de maduración. “Tiene que ver con una cuestión de desarrollo, incluso del cerebro, en un estadio evolucionado definitivo”, indicó, al señalar que son otros profesionales —psicólogos y psiquiatras— quienes pueden aportar fundamentos técnicos más específicos sobre ese aspecto.
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No obstante, insistió en que, más allá de la edad que finalmente se establezca, el sistema hoy carece de condiciones materiales y humanas para cumplir con el mandato de resocialización.
Infraestructura deficiente y falta de personal
Kexel describió un panorama crítico en Chubut. La provincia cuenta con un único dispositivo de encierro para adolescentes en conflicto con la ley penal, que -según remarcó- “no es un lugar especialmente acondicionado para trabajar con adolescentes”.
«Está ubicado lejos de cualquier centro urbano, lo que dificulta que pueda mantener contacto con la comunidad a la cual lo tengo que reintegrar. Está al lado de un basural y de una cárcel de adultos”, detalló.
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A esto se suma la falta de personal capacitado y con estabilidad laboral. “Personal capacitado requiere de las mejores condiciones para que esté mucho tiempo trabajando allí, que tenga experiencia. Hoy nos pasa mucho que los operadores que trabajan con adolescentes buscan otras alternativas laborales que les den más seguridad, mejores condiciones y mejor retribución”, explicó.
Desde su perspectiva, el proyecto nacional en debate fija objetivos compartidos -como la reinserción y la responsabilización- pero no establece compromisos presupuestarios concretos. “Cuando voy al capítulo de qué va a poner la Nación para que esto pueda ser una realidad en las provincias, lo único que encuentro es la posibilidad de celebrar convenios. Para nosotros sería útil que diga que va a haber presupuesto, que se va a dotar de personal, que se va a ayudar a buscar los mejores lugares”, planteó.
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Uno de los cambios centrales que observa la Defensa Pública es la eliminación de las denominadas medidas socioeducativas previas a la pena.
Kexel explicó que, bajo el régimen actual, cuando un adolescente era declarado responsable “no se aplicaba una pena en forma inmediata, sino que se establecía un tratamiento de tipo tutelar”, orientado al acceso a educación, salud y al trabajo sobre la responsabilización. Si ese proceso funcionaba y se lograba la reinserción, el expediente podía cerrarse sin llegar a una pena privativa de libertad.
“Esto desaparece ahora y aparece el encierro, con un plazo máximo de 15 años”, advirtió.
El interrogante, para el funcionario, es si el encierro prolongado acerca o aleja la posibilidad de reintegración. “¿El encierro me acerca a la posibilidad de lograr la resocialización o me aleja de la posibilidad de revincularlo con su comunidad?”, se preguntó.
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En ese sentido, alertó sobre una lógica frecuente en contextos de privación de libertad: “El adolescente cree que ‘yo pago con los años que estoy preso y después vuelvo’. No me hago cargo de lo que hice, vuelvo y hago lo mismo. Ojo con esto de ‘yo ya les pagué’”.
Para la Defensa Pública, el desafío es que el joven “vuelva de otra manera, entendiendo que vive en una comunidad a la que no puede lastimar”, lo que requiere “un trabajo muy profundo” y herramientas que -según afirmó- no están desarrolladas en el proyecto.
Rol de contralor
Kexel aclaró que, de aprobarse la ley, la Defensa Pública ejercerá su función de control sobre la implementación. “Vamos a ser los primeros que van a ir a los lugares diciendo: bueno, acá lo que aprobó Nación, ¿dónde está? ¿Dónde están los cargos? ¿Dónde se hacen las reuniones? ¿Cuáles son los lugares?”, adelantó.
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Mientras el Congreso avanza con la discusión, con la sesión que en Diputados pretendía dar esta tarde media sanción al proyecto, desde Chubut quienes trabajan en el tema advierten que sin infraestructura adecuada, personal capacitado y financiamiento específico, bajar la edad de punibilidad podría traducirse, en la práctica, en más encierro, pero no necesariamente en mayor reintegración social.