Los uniformes naranjas ya no son una imagen lejana de las cárceles norteamericanas ni un recurso de ficción en la pantalla. Desde hace un año, comenzaron a formar parte de la vida cotidiana en las prisiones santafesinas para marcar a los internos de mayor peligrosidad. La medida tuvo su primera postal esta semana: Waldo Alexis Bilbao, uno de los prófugos más buscados de la provincia, apareció en una audiencia judicial por videoconferencia con el mameluco naranja reglamentario. Esa imagen, más allá de su caso personal, dejó a la vista la nueva política penitenciaria y reabrió un histórico debate sobre los derechos humanos de los detenidos.
Bilbao, detenido la semana pasada en Rosario luego de casi dos años prófugo y con una recompensa de 50 millones de pesos, enfrentó al juez federal Carlos Vera Barros en una indagatoria virtual. Lo hizo negando los cargos, pero luciendo un mono naranja que lo distinguía en la pantalla como interno de “alto perfil” de la cárcel de Piñero, donde actualmente permanece detenido.
Bilbao fue capturado el viernes 12 de septiembre pasado en un complejo de viviendas sociales del barrio Martin, en pleno centro de Rosario. Al advertir la irrupción del grupo táctico, intentó escapar por un ducto de cañerías (ver aparte), pero los agentes lograron interceptarlo y reducirlo en el inicio de la huida. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente y figuraba entre los prófugos más buscados de la provincia. Para obtener datos que permitieran dar con su paradero, el gobierno santafesino había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos.
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Orange. En Estados Unidos, los trajes a rayas dieron paso al naranja en la década de 1970 porque su visibilidad y con el tiempo se volvió icónico en la cultura carcelaria de ese país. Argentina, en cambio, eligió otro camino. En 1947, bajo la dirección de Roberto Pettinato (padre) y durante el gobierno de Juan Domingo Perón, se eliminó el uso obligatorio de uniformes. La medida buscó humanizar las condiciones de detención y alejarse de la estigmatización, con el argumento que los trajes atentaban contra la dignidad de las personas privadas de la libertad. Desde entonces, el derecho a vestir ropa propia quedó incorporado a la legislación y se consolidó en 1983, con el retorno de la democracia, como parte de una concepción más amplia de los derechos humanos.
La realidad de las cárceles santafesinas, marcadas por fugas resonantes, motines y la influencia de organizaciones criminales, reabrió la discusión. En diciembre de 2023, la Legislatura provincial aprobó una ley que ordenaba la implementación de uniformes de distintos colores según el nivel de peligrosidad de los internos. La primera etapa se puso en marcha en septiembre de 2024 con los reclusos de “Nivel 1”, que desde entonces deben vestir el mameluco naranja cada vez que salen de sus celdas.
La resolución 008/2024 precisó que esa indumentaria es obligatoria para asistir a audiencias, consultas médicas o recibir visitas, e incluso prohibió que los familiares ingresen con ropa del mismo color para evitar confusiones. “Lo elegimos porque permite detectar automáticamente cuando un preso no está donde debe estar”, explicó entonces Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.
Las críticas no tardaron en aparecer. La diputada Matilde Bruera, profesora de Derecho Penal en la Universidad Nacional de Rosario, advirtió que la medida implicaba “volver al traje a rayas” y que contradice los estándares internacionales que reconocen la vestimenta como un derecho ligado a la dignidad de las personas detenidas.
A nivel federal, desde enero funciona el Sistema de Integridad de Gestión de Personas Privadas de Libertad de Alto Riesgo (Sigpplar), impulsado por la ministra Patricia Bullrich. Allí, los uniformes son permanentes: los internos deben vestirlos todo el tiempo, lo que ya provocó huelgas de hambre y reclamos judiciales de organizaciones de derechos humanos y abogados defensores.
En Santa Fe, en cambio, se optó por una modalidad intermedia: el uso del uniforme solo al salir del pabellón. Sin embargo, las imágenes de Bilbao vestido de naranja durante su indagatoria confirman que el debate está lejos de cerrarse.
El mameluco naranja de Waldo Alexis Bilbao no fue un detalle menor en su indagatoria. Esa prenda, pensada para controlar a los presos más peligrosos, se convirtió también en una señal pública de un cambio de época en las cárceles santafesinas. Un cambio que revive discusiones antiguas, que enfrenta posturas sobre seguridad y derechos humanos, y que coloca al color más visible en el centro de un escenario hasta ahora reservado para uniformes invisibles.
El insólito escondite
L.N.
Waldo Alexis Bilbao, de 45 años, figuraba entre los tres delincuentes más buscados de Santa Fe. Ofrecían una recompensa de 50 millones de pesos. El 12 de septiembre pasado fue capturado en un operativo de la Unidad de Acciones Especiales y la Tropa de Operaciones Especiales, en un edificio de Colón al 1200, a metros del Monumento a la Bandera.
El departamento donde lo encontraron no era un simple refugio: en el baño había montado un improvisado sistema de escape. Con una escalera accedía a un ducto de cañerías que le servía como vía alternativa en caso de irrupción policial. Esa adaptación recordaba a las maniobras de fuga del “Chapo” Guzmán, aunque en este caso el escondite no le dio tiempo suficiente.
Los investigadores llegaron a él tras seguir a su pareja, Guadalupe Torres Servín, quien cumplía arresto domiciliario en el mismo edificio. Un pedido de pastillas anticonceptivas levantó sospechas, ya que la mujer nunca era vista con compañía. Esa pista reforzó la hipótesis de que Bilbao estaba oculto allí.
Cuando los agentes irrumpieron, intentó ganar segundos escondiéndose en un reducido habitáculo, pero fue reducido de inmediato. Su captura selló el final de una vida en la clandestinidad que comenzó en octubre de 2023, cuando escapó tras una serie de allanamientos contra la organización narco liderada por su hermano Brian, aún prófugo.