La Municipalidad de Comodoro Rivadavia respondió a las declaraciones del abogado de Patagonia Argentina, quien acusó a funcionarios de mantener una presunta asociación ilícita con la concesionaria del transporte. La funcionaria Cintia Juárez cuestionó los dichos y afirmó que la empresa busca la continuidad de un servicio que consideró malo y caro.
La Municipalidad de Comodoro Rivadavia respondió a las declaraciones públicas del abogado de Patagonia Argentina, quien acusó a funcionarios municipales de mantener una presunta “asociación ilícita” con la empresa concesionaria del servicio de transporte.
Desde el Ejecutivo rechazaron las imputaciones y sostuvieron que el letrado no identificó a los supuestos involucrados, no mencionó una denuncia penal concreta ni presentó documentación que respaldara sus afirmaciones.
La responsable del área, Cintia Juárez, cuestionó los dichos y vinculó las acusaciones con la disputa que se mantiene desde que Patagonia Argentina perdió la licitación del servicio. “Es la expresión de un hombre derrotado por la realidad que quiere la continuidad de un servicio malo y caro”, afirmó la funcionaria.
Desde el Municipio remarcaron que las acusaciones difundidas en una entrevista periodística no constituyen hechos acreditados y señalaron que las cuestiones planteadas por el abogado se encuentran sometidas a revisión judicial, sin una sentencia que determine la existencia de irregularidades. En ese marco, consideraron que formular imputaciones penales en los medios sin aportar elementos concretos busca trasladar la discusión fuera del ámbito de la Justicia.
Juárez también se refirió a las presentaciones judiciales realizadas desde que se conoció el resultado de la licitación. “Desde que perdió la licitación, este personaje viene haciendo todo tipo de denuncias, y la Municipalidad ha presentado toda la documentación solicitada por la justicia en cada oportunidad sin que haya sido citado ni un solo funcionario”, sostuvo.
La funcionaria cuestionó, además, que el abogado calificara de “amañado” el proceso que se encuentra bajo discusión judicial. “Calificar de ‘amañado’ un proceso que se cuestiona en un juicio aún sin prueba producida constituye una estrategia de presión y no un hecho acreditado”, expresó.
En su respuesta, el Ejecutivo municipal también hizo referencia a distintos puntos mencionados durante la entrevista. Según indicó, el propio letrado reconoció que el acuerdo alcanzado con los 72 trabajadores fue homologado con intervención sindical. Asimismo, señaló que el plazo adicional previsto para completar las unidades faltantes todavía no cuenta con la ratificación del Concejo Deliberante.
El Municipio sostuvo que no se concretó ningún pago al sindicato y que tampoco existe una resolución judicial que haya declarado la ilegalidad del procedimiento o determinado la existencia de un trato sesgado. En ese sentido, consideró que lo presentado públicamente como un escándalo forma parte de una alternativa de diálogo frente a un conflicto laboral que quedó planteado tras la salida de la empresa del servicio.
La situación de los 72 trabajadores también ocupó un lugar central en la respuesta oficial. Desde el Ejecutivo afirmaron que la preocupación por sus puestos laborales responde a una responsabilidad institucional y cuestionaron que el conflicto empresarial se traslade a la discusión pública. Según la postura municipal, la disputa por la prestación del transporte dejó a los empleados en una situación de incertidumbre laboral que ahora debe encontrar una salida.
Por último, la Municipalidad rechazó las imputaciones formuladas contra sus funcionarios y dejó abierta la posibilidad de recurrir a la Justicia frente a las declaraciones del abogado de Patagonia Argentina.
Con información de una gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.