El Gobierno solicitó una prórroga que establece el 2 de diciembre como fecha límite para presentar su respuesta al pedido de revisión impulsado por los demandantes. La presentación se produce después de que la jueza Loretta Preska dejara sin efecto formalmente la condena de primera instancia por US$16.100 millones.
Argentina solicitó una extensión de 30 días ante la Corte Suprema de Estados Unidos para presentar su respuesta al recurso impulsado por los fondos demandantes en el juicio por la nacionalización de YPF.
Con el pedido de prórroga, la defensa argentina busca llevar hasta el 2 de diciembre el plazo para responder a la solicitud de revisión presentada por la otra parte en el litigio.
La presentación se produjo después de que la jueza federal de Nueva York, Loretta Preska, dejara formalmente sin efecto la sentencia dictada en 2023 contra el país y diera por concluida la etapa de primera instancia. Aquel fallo había establecido una indemnización de US$16.100 millones por la forma en que se realizó la expropiación de la petrolera, una cifra que, con los intereses acumulados, superaba los US$18.000 millones.
El analista Sebastián Maril informó sobre el pedido a través de su cuenta en la red social X y precisó que la Argentina solicitó postergar hasta el 2 de diciembre la presentación de su respuesta al pedido de revisión del fallo de la Cámara de Apelaciones formulado por los demandantes. También recordó que la parte demandante había solicitado anteriormente una extensión para entregar su propio escrito, que finalmente presentó el 30 de septiembre y se publicó el 2 de octubre.
El conflicto judicial tiene su origen en la nacionalización de YPF, concretada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández. La decisión derivó en una disputa en los tribunales estadounidenses iniciada por antiguos accionistas minoritarios de la compañía, que cuestionaron las condiciones en las que se llevó adelante la expropiación.
La demanda fue impulsada por Petersen Energía y Eton Park, con financiamiento de Burford Capital, que cuenta con los derechos para litigar en el caso. El proceso se extendió durante años y tuvo distintas instancias judiciales en Estados Unidos, con decisiones que modificaron el escenario legal para ambas partes.
En septiembre de 2023, Preska había dictado una sentencia desfavorable para la Argentina y ordenado el pago de una indemnización millonaria. El país apeló la decisión y el expediente pasó a la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que posteriormente revocó la condena. La jueza Preska dejó luego sin efecto formalmente su fallo en consonancia con esa determinación.