El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Noemí Edith Choque Laura y Ramy Ramiro Álvarez Aramayo como coautores de trata de personas agravada. Deberán pagar una compensación económica de $90.000.000 a la víctima, una joven de Bolivia.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz condenó a Noemí Edith Choque Laura y Ramy Ramiro Álvarez Aramayo a 8 años de cárcel y al pago de $90.000.000 como coautores del delito de trata de personas agravada. La sentencia incluyó una compensación económica destinada a reparar el daño material, el lucro cesante y los perjuicios extrapatrimoniales sufridos por la víctima, una joven de Bolivia.
Según el expediente instruido por la fiscalía federal, los acusados trasladaron a la joven a la Patagonia bajo la promesa de un empleo. La víctima, que según el expediente arrastraba una historia de carencias económicas, violencia familiar y secundaria incompleta, fue sometida a condiciones de trabajo que se extendían desde las seis de la mañana hasta la medianoche. Cumplía tareas de atención comercial, limpieza y servicio doméstico, y recibía una fracción mínima de dinero anual de la cual se le descontaban los costos de comida, vestimenta y traslados.
El fallo señala que Choque Laura restringía la libertad de la víctima e interceptaba y pateaba sistemáticamente las llamadas de su madre y hermano, bloqueando el contacto con su familia en Bolivia. En Río Gallegos, la obligaron a firmar contratos de alquiler y abrir cuentas bancarias bajo la amenaza de deportarla a Bolivia sin dinero.
La causa se inició en 2018 a partir de la alerta de una clienta de un comercio en Gobernador Gregores, quien advirtió que la joven estaba angustiada y constató que le daban comida fraccionada, cumplía extensas jornadas laborales, vivía con los patrones, no tenía comunicación con su familia y le habían confiscado su teléfono celular. La clienta le cedió su propio dispositivo para que se comunicara con la División Trata de Personas de la Policía de Santa Cruz. Semanas después, la víctima escapó aprovechando una visita consular de funcionarios bolivianos en Río Gallegos.
Durante el juicio, la defensa sostuvo que la joven era parte de la familia y que gozaba de plena libertad. El Ministerio Público Fiscal presentó registros de mensajes de texto que, según el fallo, acreditaban el ejercicio del dominio, control y explotación, respaldados por la declaración de la afectada en media docena de oportunidades.
El tribunal dispuso el embargo para garantizar el pago de la compensación económica, mediante la articulación con organismos especializados en la recuperación de activos. Además, remitió copias de las actuaciones a la Dirección Nacional de Migraciones, a la embajada correspondiente y al fuero provincial para profundizar sobre un presunto historial de abusos en la vivienda.
Con información de La Opinión Austral, redactada y editada por un periodista de ADNSUR.