La Legislatura provincial sancionó la ley general 086/2026 que declara la emergencia hídrica por un año. La norma habilita al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias y faculta al Instituto Provincial del Agua y a la Secretaría de Infraestructura para ejecutar contrataciones directas y obras urgentes. La oposición cuestionó la falta de planificación y los controles ambientales.
La Legislatura de Chubut sancionó la ley general 086/2026 que declara la emergencia hídrica en el territorio provincial por el plazo de un año. La norma otorga al Instituto Provincial del Agua (IPA) y a la Secretaría de Infraestructura herramientas administrativas para ejecutar contrataciones directas y obras urgentes. Además, faculta al Ejecutivo a reasignar partidas presupuestarias para afrontar la contingencia.
El diputado Sergio Ongarato defendió el proyecto en el recinto y señaló la necesidad de encarar obras prioritarias en distintos puntos de Chubut. Según su intervención, la norma permitirá reforzar tomas de agua, reparar acueductos y realizar perforaciones. Ongarato sostuvo que “sin agua no hay posibilidad de que sea consumida por los seres humanos en forma segura, no es posible la producción, no es posible el desarrollo”.
La diputada Tatiana Goic se abstuvo en la votación y cuestionó la falta de previsibilidad del organismo de control. Goic indicó que el titular del IPA asistió a la comisión sin un informe anual y afirmó que la ley busca sortear los actos administrativos correspondientes para las contrataciones estatales. En su intervención, remarcó que los fondos públicos pertenecen a todos los chubutenses y sostuvo que “cuando no hay un plan, tampoco hay plata que alcance”.
El diputado Carlos Arbilla votó en contra de la iniciativa y argumentó que el proyecto habilita al Ejecutivo a realizar obras sin planificación previa. Arbilla consideró riesgoso avanzar con perforaciones sin tener cuantificada la capacidad de recuperación del agua subterránea. El legislador cuestionó la visión a largo plazo del área y aseguró que “solamente es pensar en atacar la emergencia exclusivamente en esta instancia, sin tener realmente un plan de desarrollo hídrico”.
El diputado Santiago Aquino expresó dudas sobre el destino final del recurso y señaló que el texto sancionado no restringe la prioridad del uso de las nuevas perforaciones exclusivamente al consumo humano o a los pequeños productores. Aquino advirtió sobre el riesgo de que los acuíferos queden liberados para “el resto de los posibles usos en general”, en referencia a sectores como la minería o la industria.
La diputada María Andrea Tamame acompañó la iniciativa y señaló que el faltante de agua no responde únicamente a factores naturales como la falta de nevadas. Tamame afirmó que existen desviaciones irregulares a lo largo del río que agravan la situación. También expresó su preocupación por el funcionamiento burocrático del recurso al indicar que actualmente solo existen dos comités de cuenca activos.
La diputada Andrea Abril reclamó mayor transparencia en los datos públicos y expuso dificultades para acceder a información sobre el universo de productores alcanzados por las medidas de contención. Abril señaló que la página web del Ministerio de Producción aún figura con las autoridades de la gestión anterior, con Laura Mirantes como ministra. La legisladora concluyó que “es muy difícil realmente cuando los funcionarios no son los que dan la información, cuando los funcionarios no son los que ponen la cara”.
El texto final aprobado establece que los titulares de cada jurisdicción deberán velar por el cumplimiento de la normativa vigente. También tendrán la obligación de informar los gastos efectuados bajo esta modalidad de excepción cada sesenta días ante el nuevo comité de emergencia hídrica conformado para auditar el desarrollo de la crisis.