El proyecto de ley, que se tratará en el Senado este jueves, modifica los procedimientos de desalojo, alquileres y el régimen de barrios populares.
El Gobierno nacional buscará este jueves en el Senado la aprobación del paquete de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que establece modificaciones en los procedimientos de desalojo, alquileres y expropiaciones. El capítulo sobre la extranjerización de tierras fue retirado por el oficialismo.
El proyecto impulsa una reforma del Código Procesal Civil y Comercial. Según el texto, todos los juicios de desalojo —por contratos vencidos, tenedores precarios o intrusiones— deberán tramitar por la vía sumarísima. Entre las medidas propuestas se incluyen:
- Restitución inmediata: el juez podrá ordenar la restitución del inmueble en cualquier etapa del proceso, con un plazo máximo de cinco días para resolver el pedido.
- Intimación previa: en caso de alquileres de vivienda, el propietario deberá intimar al inquilino por falta de pago y otorgar un plazo de 10 días corridos para regularizar la deuda.
- Vulnerabilidad: si en el inmueble residen menores, personas con discapacidad o adultos mayores, el juez deberá notificar a los organismos estatales competentes y dar un plazo de hasta 10 días antes del desalojo para articular una alternativa habitacional.
- Identificación rápida: dentro de las primeras 72 horas, se deberá realizar un reconocimiento del inmueble para identificar a los ocupantes. Se podrá allanar el domicilio si es necesario.
En cuanto a la finalización de contratos, el propietario no podrá rechazar la devolución de las llaves ni condicionar su recepción. Si se negara a recibirlas, el inquilino podrá recurrir a la consignación judicial. En ese caso, la obligación de pagar el alquiler finalizará desde la notificación de que las llaves quedaron a disposición.
El proyecto también incorpora una sanción para propietarios: si se comprobara que obtuvieron un “desalojo inmediato” ocultando pruebas, deberán pagar al inquilino una multa de hasta diez veces el valor del último alquiler.
En relación con el RENABAP, el proyecto propone eliminar la suspensión de desalojos por 10 años establecida en la Ley 27.453. El Ejecutivo plantea trasladar el proceso de regularización de tierras a las provincias y municipios.