El diputado nacional José Glinski defendió su proyecto de ley sobre pasivos ambientales hidrocarburíferos y sostuvo que el saneamiento de pozos e instalaciones puede generar empleo y desarrollo en las cuencas convencionales.
En medio del debate abierto por el acuerdo firmado con la provincia de Chubut, el diputado nacional José Glinski defendió el proyecto de ley sobre pasivos ambientales hidrocarburíferos que presentó en el Congreso. Sostuvo que el saneamiento de pozos e instalaciones no debería verse únicamente como un costo, sino como una oportunidad para generar empleo, actividad económica y una estrategia de desarrollo para las cuencas convencionales.
La discusión por los pasivos ambientales volvió a instalarse en la agenda de Chubut tras el acuerdo alcanzado entre la Provincia e YPF para la reversión de áreas maduras y las posteriores impugnaciones judiciales. En ese contexto, Glinski ratificó la necesidad de avanzar con una ley nacional específica y sostuvo que la remediación ambiental debería formar parte de una política integral para el futuro de las cuencas petroleras.
En diálogo con Actualidad 2.0, el legislador explicó que la iniciativa nació a partir del análisis de la salida de YPF y de la convicción de que el cierre del ciclo de explotación convencional obliga a pensar qué ocurrirá con los pasivos ambientales que deja la actividad. «Lo que termina con este proceso no es solamente la salida de una compañía de la ciudad, sino el fin de un ciclo para toda la provincia», afirmó. Según señaló, la discusión excede el caso puntual de una empresa y plantea el desafío de cómo administrar una actividad que durante décadas constituyó la principal fuente de riqueza de Chubut.
Uno de los ejes centrales del proyecto apunta a cambiar la mirada sobre la remediación ambiental. Glinski sostuvo que el saneamiento de pozos e instalaciones no representa únicamente una obligación, sino que puede convertirse también en una actividad económica capaz de sostener empleo y especialización técnica en las cuencas maduras. «La remediación ambiental es la última etapa de un proceso productivo que comienza cuando se perfora un pozo», resumió. Indicó que durante los últimos meses mantuvo reuniones con empresas regionales y afirmó que existe capacidad instalada para desarrollar esas tareas, siempre que exista un marco normativo y una planificación de largo plazo.
El diputado explicó que el proyecto retoma antecedentes legislativos impulsados por el exdiputado Gustavo Menna sobre presupuestos mínimos ambientales, aunque incorpora un enfoque específico para los pasivos hidrocarburíferos. Entre los conceptos que busca incorporar mencionó el de los denominados «pozos huérfanos», instalaciones que constituyen un pasivo ambiental pero sobre las cuales ya no existe un responsable claramente identificado. Glinski también advirtió que la inyección de fluidos en reservorios con múltiples perforaciones históricas podría generar efectos no previstos si no existe un conocimiento preciso del estado de antiguos pozos abandonados. «Tenemos que defendernos», resumió al sostener que esa discusión debería incorporarse antes de autorizar nuevos desarrollos.
Glinski sostuvo que el desafío que enfrenta Chubut no es un caso aislado y mencionó, entre otros ejemplos, la reconversión de la industria petrolera offshore en el Mar del Norte, donde parte de la infraestructura y la mano de obra especializada fue reutilizada para el desarrollo de parques eólicos marinos. «Tenemos que nacionalizar este debate, porque no es solamente un problema de Comodoro ni de Chubut; es un tema vinculado al desarrollo de la Argentina», sostuvo.
El legislador nacional cuestionó la decisión del gobierno provincial para avanzar en la firma del acuerdo con YPF y afirmó: «Lo que no es materia de discusión es que el gobierno provincial no tenga una política hidrocarburífera, que en el fondo no es otra cosa que tener una política de desarrollo para la provincia». Glinski cuestionó la estrategia del gobierno provincial frente al retiro de YPF y otras operadoras de las áreas maduras y sostuvo que el debate por los pasivos ambientales debería formar parte de una planificación de largo plazo. «La ambición de Torres lo nubla», afirmó. En ese marco, planteó que el debate debería involucrar no solo a los gobiernos, sino también a universidades, especialistas, empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de construir una estrategia consensuada para el futuro de la actividad petrolera en la región.