La presentación judicial apunta contra el IPV, el municipio y las empresas constructoras por fallas estructurales, riesgo de derrumbes y problemas en las conexiones de gas en las 630 viviendas del barrio.
Vecinos del barrio Ara San Juan de Comodoro Rivadavia presentaron este viernes una denuncia penal contra el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), la Municipalidad y las empresas constructoras por el estado de las viviendas. La denuncia incluye fotografías, documentación técnica y testimonios de familias que reportan fallas estructurales.
Jesús Ruiz, vecino y referente del barrio, declaró que las 630 viviendas fueron entregadas con cuatro años de retraso y que desde el inicio presentaron fallas estructurales. “Hay casas colapsadas, otras que van en ese sentido y no da para más. Pedimos que se suspenda el pago de la cuota porque la cuota está elevadísima y no para de subir, mientras tenemos que afrontar el gasto de arreglar casas que son nuevas”, afirmó Ruiz.
Según los vecinos, en una misma manzana hay ocho viviendas que ya no pueden habitarse por los daños estructurales. Ruiz advirtió: “Hay una casa que se colapsó, que está por caerse, y el IPV no la demuele. Ahí hay criaturas adentro. Un día va a pasar un muerto y no queremos llegar a eso”.
La denuncia también señala irregularidades en la construcción. Ruiz explicó: “Las empresas presentaron planos con vigas portamuro y todo lo estructural, pero las casas están hechas con una platea común, que no sirve estructuralmente. No se hicieron los estudios de suelo: el suelo firme estaba entre 3 y 7 metros de profundidad y construyeron 630 viviendas sobre suelo arcilloso con napas freáticas”.
En relación a las instalaciones de gas, Ruiz relató que una vecina sufrió intoxicación por una pérdida de gas y al revisar encontraron “caños pegados con poxilina” y otras irregularidades. “Con el movimiento del suelo, ¿cuántas casas tendrán caños rotos perdiendo gas bajo tierra?”, se preguntó.
Los vecinos denuncian que el IPV les cobra dos veces el terreno. “El terreno lo compramos nosotros a través de los gremios y cooperativas a la municipalidad, y ahora nos lo vuelven a cobrar en la cuota”, afirmó Ruiz. También señalaron que el IPV dice respetar un tope del 25% del ingreso, pero aseguran que les descuentan entre el 35% y el 70%.
Ruiz sostuvo: “Desde el 2014 para acá, no va a quedar nadie afuera. Van a tener que desfilar los funcionarios del IPV, los inspectores municipales y el intendente. Esto no puede seguir así”. Además, afirmó que la política no presta atención a los problemas reales: “Vemos que se están peleando el gobernador y el intendente por las tierras de YPF. Hay otras cosas que suceden y parece que no se enteran. Ahora se van a enterar por la Justicia”.
En los próximos días, los vecinos obtendrán el número de expediente y el fiscal interviniente para avanzar con la investigación penal.