La concejal de Arriba Chubut remarcó que un acta firmada por escribano señala que el asesor letrado del Municipio había confirmado que se cumplían los requisitos para concretar la adjudicación. Además, sostuvo que en el pliego no está estipulado que se caiga la licitación por incumplimientos.
La crisis por el fracaso en la firma del contrato del nuevo servicio de transporte público en Comodoro Rivadavia sumó este jueves un nuevo capítulo político. La concejal Maite Luque cuestionó la decisión del intendente Othar Macharashvili de frenar la adjudicación a la empresa MR y aseguró que “no existe en el pliego ninguna posibilidad de que la licitación se caiga” por los incumplimientos que plantea el Ejecutivo municipal.
Tras una reunión mantenida con el secretario de Gobierno, Sergio Bohe, la edil sostuvo que desde el Concejo Deliberante no encuentran fundamentos legales para dejar sin efecto el proceso licitatorio y advirtió que el cuerpo legislativo no aceptará “dar vuelta la página” -como mencionó el intendente en conferencia de prensa- después de un proceso que llevó años de trabajo y atravesó múltiples instancias técnicas y judiciales.
“Nosotros, como legisladores y autores del pliego junto a asesores técnicos, la Universidad y el CONICET, no encontrábamos motivo alguno por el que, en caso de incumplimiento, la licitación caiga”, afirmó Luque en declaraciones a Ahora en Comodoro, por Seta TV.
La polémica comenzó el lunes, cuando estaba prevista la firma del contrato con la empresa MR. Según contó la concejal, integrantes del bloque oficialista permanecieron hasta las 16 horas junto a Bohe porque incluso ya analizaban cómo acelerar el tratamiento legislativo posterior a la firma. Sin embargo, el acto finalmente no se concretó.
A partir de ahí, comenzaron las dudas. Luque reveló que la empresa acercó al Concejo Deliberante el acta certificada por escribano que publicó ADNSUR, donde se detalla lo ocurrido durante la reunión frustrada y donde, según indicó, el asesor letrado del municipio consideraba cumplidos todos los requisitos exigidos por el pliego.
“En el acta se deja en evidencia que el asesor letrado solicitaba que el intendente firme porque estaban todos los requisitos cumplidos”, remarcó.
Uno de los puntos más fuertes del planteo de la concejal fue el interrogante sobre quién asesoró al intendente para no avanzar con la firma pese al aval legal del propio asesor municipal. “La pregunta nuestra fue por qué, a pesar de que el asesor letrado está diciendo que se cumple, el intendente dice que se incumple. ¿Desde qué conocimiento? ¿Quién lo está asesorando que no es el asesor letrado?”, planteó.
Luque insistió en que el pliego contemplaba expresamente la situación de unidades nuevas sin título de propiedad definitivo. Según explicó, la empresa presentó documentación certificada por los concesionarios con números de motor y chasis de las 95 unidades adquiridas para iniciar el servicio.
“El pliego decía título o cualquier instrumento que acredite disponibilidad. Si son unidades nuevas no iban a tener el título todavía”, sostuvo.
Incluso aseguró que existía una resolución previa del propio Ejecutivo donde esa documentación había sido considerada válida para acreditar la disponibilidad de los colectivos.
En ese contexto, rechazó la postura municipal que sostiene que el proceso podría caerse por falta de títulos de propiedad. “No está fuera del pliego, de ninguna manera. El Ejecutivo ya había dado por cumplido ese requisito”, insistió.
Durante la reunión con Bohe, el Ejecutivo informó que utilizará los plazos administrativos previstos y que en los próximos cinco días notificará formalmente a la empresa cuáles serían los incumplimientos detectados para que puedan subsanarlos.
Aunque Luque valoró que el conflicto continúe dentro del marco administrativo de la licitación, dejó en claro la preocupación del Concejo Deliberante ante la posibilidad de que se intente dejar sin efecto todo el proceso.
“Este cuerpo legislativo de ninguna manera iba a aceptar que digan ‘esto está caído’ porque no hay un marco normativo para eso”, afirmó.
La edil defendió además el proceso licitatorio como una herramienta para terminar con años de prórrogas y precariedad en el sistema de transporte urbano de Comodoro. “Fue un proceso largo, transparente, con intervención de la Justicia y evaluaciones técnicas. Lo que tiene que haber ahora es capacidad de gestión y voluntad política para resolverlo”, sostuvo.
Finalmente, advirtió sobre las posibles consecuencias que podría afrontar el municipio si el conflicto escala judicialmente. “Lo que hay que evitar es una situación conflictiva donde haya un juicio contra la Municipalidad, porque los perjudicados podemos terminar siendo todos los comodorenses”, concluyó.