La mujer, encargada de administrar los fondos para el viaje a El Bolsón, admitió ante padres y alumnos que gastó el dinero. La causa es investigada por la Justicia de Mercedes.
El viaje de egresados de los estudiantes de sexto año de la Escuela Técnica N°1 de Bragado, que debía realizarse a El Bolsón, terminó en una denuncia judicial. La preceptora encargada de administrar los fondos reconoció haber utilizado el dinero destinado al viaje, según informaron fuentes judiciales.
La causa es investigada por la Justicia de Mercedes y apunta contra una auxiliar docente identificada como S.S.F., quien habría manejado cerca de 50 mil dólares correspondientes al viaje de egresados de la promoción 2025. La denuncia fue presentada por 38 damnificados y el expediente fue caratulado preliminarmente como una presunta “estafa agravada”.
Desde 2018, la institución organizaba los viajes de egresados sin intervención de empresas turísticas, lo que generaba confianza entre las familias. El viaje estaba previsto para realizarse entre octubre y noviembre del año pasado, pero las fechas comenzaron a modificarse y las explicaciones se multiplicaban. Primero se habló de inconvenientes con la aerolínea y luego de una reprogramación para abril de este año.
Con el correr de los meses, las dudas crecieron entre los padres. La mujer señalada dejó de contestar mensajes y llamadas, lo que llevó a un grupo de familias a acercarse hasta su domicilio para exigir explicaciones. Allí, según relataron los damnificados, la preceptora reconoció haber utilizado el dinero: “Me patiné la plata”, habría admitido.
El abogado penalista Federico Etchehun, representante de las familias afectadas, confirmó que la presentación judicial ya fue realizada y que la investigación quedó en manos de la Justicia de Mercedes. Mientras avanza la causa, la indignación crece entre los padres y estudiantes, quienes aseguran sentirse engañados y devastados.
El caso generó repercusión en Bragado y abrió un debate sobre los mecanismos de control en la administración de fondos escolares destinados a actividades estudiantiles. La Justicia intenta determinar cómo se manejó el dinero, si hubo responsabilidades compartidas y cuáles serán las consecuencias penales para la acusada.