A un mes del fallecimiento del niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, la audiencia de constitución de querellante expuso nuevos testimonios y una hipótesis más grave contra los detenidos.
A un mes exacto de la muerte de Ángel Nicolás López, el niño de 4 años que falleció en Comodoro Rivadavia, la causa judicial sumó este martes una instancia determinante con la audiencia de constitución de querellante, en la que la familia paterna busca intervenir formalmente en el expediente con una acusación más amplia y severa que la sostenida hasta el momento.
La jornada, que se desarrolló en la Oficina Judicial, estuvo centrada en un aspecto procesal puntual, pero dejó expuestos elementos que podrían modificar el rumbo de la investigación: una nueva hipótesis basada en testimonios recientes, antecedentes de violencia y una reconstrucción más compleja del contexto en el que vivía el niño.
La audiencia se llevó adelante este martes 5 de mayo, exactamente un mes después del fallecimiento de Ángel López. En ese marco, el padrastro del niño, Michel Kevin “Maycol” González, fue trasladado cerca del mediodía para participar de manera presencial. En tanto, la madre biológica, Mariela Altamirano, siguió la audiencia de forma remota mediante videollamada, ya que permanece alojada en el Instituto Penitenciario Provincial de Trelew, adonde fue trasladada a mediados de abril. Ambos continúan detenidos con prisión preventiva por el plazo de seis meses, mientras avanza la investigación para determinar las responsabilidades penales en el caso.
El juez interviniente dejó en claro desde el inicio el alcance de la audiencia: “Esta audiencia es solamente de constitución de querellante y esa es la única finalidad”, remarcó, marcando los límites de la discusión en esta etapa.
Durante su exposición, el abogado Roberto Castillo formalizó su pedido para intervenir en la causa en representación de la familia paterna del niño. “Nos constituimos como patrocinantes… pretendemos ser querellantes en esta investigación”, expresó, y explicó que su presentación se basa en lo previsto por el artículo 108 del Código Procesal Penal de Chubut, que permite la participación del damnificado con interés directo en la resolución del caso.
El letrado también aclaró su rol previo en el expediente: “Yo no tuve matrícula al momento que se inició la apertura de esta investigación… estuve sentado atrás acompañándolo como abogado de confianza, en realidad asesor técnico”. En ese sentido, indicó que ahora busca formalizar su intervención, incluso reconociendo posibles objeciones sobre actuaciones anteriores: “Realizamos un poder que quizás es susceptible de objeciones por parte de la defensa con todo derecho”. Ante esto, el juez insistió en centrar la audiencia en la formalización de la querella y en la necesidad de que el abogado exponga su plataforma fáctica ante los imputados.
Uno de los puntos más relevantes de la audiencia fue la reformulación de la hipótesis del caso por parte de la querella, que plantea un encuadre más grave que el sostenido inicialmente. “Respecto de nuestra plataforma fáctica… entendemos que tanto Altamirano como Michael González le dieron muerte al niño Ángel López desde el 28 de marzo al 5 de abril, mediante por lo menos 22 impactos en la cabeza”, afirmó Castillo. Según explicó, esas agresiones habrían provocado un paro cardiorrespiratorio, identificado como la causa médica del fallecimiento en la autopsia preliminar.
A partir de estos elementos, la querella sostiene que ambos imputados actuaron como coautores del hecho. En el caso de Altamirano, solicitó que se la investigue por homicidio agravado por los incisos 1 y 2 del artículo 80 del Código Penal, mientras que para González planteó el agravante de alevosía. “La alevosía la encuadramos en que era un niño indefenso, institucionalmente alejado de su entorno de contención emocional… tenía prohibiciones de acercamiento para con su familia, razón por la cual estaba aislado”, explicó. También subrayó que el padrastro tenía el cuidado personal del menor: “Quedaba al cuidado de un niño absolutamente indefenso, que no solo tenía 4 años, sino que tenía problemas para expresarse”.
Castillo fundamentó su nueva hipótesis en una serie de entrevistas incorporadas recientemente al expediente, que según indicó, describen un escenario de violencia prolongada. “Esas declaraciones dan cuenta de una violencia sostenida y sistemática. Ángel fue sometido a toda clase de violencia en manos de Altamirano desde los pocos meses de vida”, sostuvo.
Entre los testimonios mencionados se encuentran los de Luis López, padre biológico del niño, y Lorena Andrade, reconocida por la Justicia de Familia como “madre del corazón”. El abogado remarcó que estos elementos no formaban parte de la prueba inicial con la que contaba la fiscalía: “El Ministerio Público Fiscal empezó con poca prueba… y aperturó la investigación como corresponde. Nosotros tuvimos acceso a testimoniales que se dieron después”. En esa línea, el letrado reveló la existencia de una denuncia previa realizada en 2023 por el padre del menor, que fue incorporada al expediente.