El máximo tribunal provincial escuchó los argumentos finales de la fiscalía y la defensa. La resolución establecerá un precedente en materia de derecho penal ambiental.
En una audiencia de revisión extraordinaria celebrada este martes, la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos Agropecuarios (UFE-AyDA) ratificó ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut la acusación contra el productor ganadero Ricardo La Regina. La fiscalía solicitó la confirmación de la sentencia condenatoria por los delitos de daños agravados y crueldad animal.
Los cinco ministros del tribunal —Mario Vivas, Camila Banffi, Silvia Bustos, Ricardo Napolitani y Javier Raidan— tienen ahora en sus manos la resolución definitiva del caso, luego de que la fiscal jefe Florencia Gómez y la fiscal de impugnación Silvia Pereira Dos Santos defendieran la validez de las pruebas y las condenas confirmadas en instancias anteriores.
Los hechos del caso
La investigación, conducida por la Fiscal General Jefe Florencia Gómez, acreditó que entre agosto y diciembre de 2021 se realizaron trabajos con maquinaria pesada e instalación de alambrados electrificados sin autorización en un establecimiento rural próximo a la Reserva de Punta Tombo. Esto ocurrió durante la temporada reproductiva de la colonia de pingüinos de Magallanes.
Las intervenciones provocaron la destrucción de nidos activos, la muerte de ejemplares y la alteración del hábitat en una zona de alto valor ambiental. El proceso, que se extendió más de tres años, incorporó pericias ambientales, imágenes satelitales, inspecciones en el lugar y evidencia científica. El juicio oral, iniciado en octubre de 2024, contó con cerca de 92 testigos y una extensa prueba documental y pericial.
Situación procesal y alcance
Ricardo La Regina fue condenado por los delitos de daños agravados —tres hechos en concurso real— y crueldad animal. La causa se encuentra en instancia de revisión extraordinaria ante el STJ, que debe resolver si confirma o modifica la sentencia condenatoria.
El Ministerio Público Fiscal considera este caso uno de los antecedentes más significativos en materia de derecho penal ambiental del país y de la región. La decisión del STJ consolidará criterios sobre responsabilidad penal por delitos contra el ambiente y la fauna silvestre protegida.