Federico Furiase y Felipe Núñez, del equipo del ministro Luis Caputo, explicaron que los préstamos del Banco Nación se gestionaron dentro del marco legal y sin beneficios especiales.
Funcionarios del área económica del Gobierno respondieron a las críticas por su acceso a créditos hipotecarios, rechazando haber recibido beneficios indebidos. Se trata de Federico Furiase y Felipe Núñez, quienes afirmaron que actuaron dentro de la legalidad y en igualdad de condiciones con otros usuarios del sistema bancario.
Ambos dirigentes, que forman parte del equipo del ministro Luis Caputo, coincidieron en que no existieron irregularidades en la obtención de los préstamos otorgados por el Banco Nación. Según explicaron, se trata de líneas de crédito disponibles para cualquier cliente que cumpla con los requisitos establecidos.
En declaraciones públicas, Núñez remarcó que no hubo trato diferencial y sostuvo que accedieron a las mismas tasas y plazos que el resto de los solicitantes. Además, explicó que eligieron esa entidad bancaria porque perciben allí sus salarios y ya eran clientes.
Por su parte, Furiase aclaró que el crédito que tomó fue destinado a la compra de una segunda vivienda y negó versiones que indicaban que se trataba de una tercera propiedad. En ese sentido, explicó que posee una participación heredada en un inmueble familiar, lo que —según indicó— no puede considerarse como una vivienda adicional.
Los montos de los créditos también quedaron bajo la lupa. Furiase accedió a un préstamo de aproximadamente 367 millones de pesos, mientras que Núñez obtuvo cerca de 373 millones. Ambos financiamientos se extendieron a largo plazo, en algunos casos hasta 30 años.
La controversia se amplió luego de que trascendiera que otros funcionarios y dirigentes políticos también habrían accedido a líneas similares, lo que generó cuestionamientos sobre posibles privilegios en el acceso a financiamiento en un contexto económico complejo.
Desde el oficialismo sostienen que no existió ningún tipo de irregularidad y que los créditos fueron otorgados bajo condiciones de mercado. Sin embargo, el tema continúa generando debate público y político en torno a la transparencia y equidad en el acceso a este tipo de beneficios.