Este viernes se cumplen 53 años de la Masacre de Trelew, el hecho ocurrido el 22 de agosto de 1972 en la Base Aeronaval Almirante Zar, donde 19 militantes fueron fusilados por las Fuerzas Armadas y solo tres lograron sobrevivir.
Como ocurre cada año, familiares de las víctimas y organismos de derechos humanos organizan una agenda de actividades conmemorativas que incluye actos, recorridas por los sitios vinculados a la represión y visitas a los lugares donde permanecieron los detenidos.
En este marco, una de las paradas habituales de la comitiva es la Unidad 6 del Servicio Penitenciario Federal en Rawson, donde permanecieron encarcelados los militantes antes de ser trasladados a la base militar. El ingreso al penal se convirtió en una práctica simbólica para mantener viva la memoria del suceso, que marcó un antecedente inmediato del terrorismo de Estado de la última dictadura.
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Sin embargo, este año la tradición se vio alterada. El 25 de junio pasado, Silvia Pecci —una de las organizadoras— junto con Ilda Bonardi de Toschi y Sara Kohon, familiares de las víctimas, presentaron una nota formal para solicitar la autorización correspondiente. La respuesta llegó recién el 19 de agosto, a días del aniversario. La notificación oficial fue contundente: el grupo no podría ingresar a la cárcel federal.
La orden provino directamente de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, quien decidió denegar el pedido. De esta manera, se rompió con una costumbre que se había sostenido en las últimas décadas, donde los familiares habían podido recorrer el pabellón que actualmente funciona como comunidad terapéutica para personas en tratamiento por adicciones.
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“Estamos muy enojadas, para decirlo diplomáticamente”, expresó Pecci en diálogo con Jornada Radio. Según señaló, no se trató de una sorpresa absoluta, aunque sí de una decisión que ratifica un cambio de actitud por parte del Gobierno nacional hacia los espacios de memoria vinculados con hechos de violencia política. “El pasado siempre está relacionado con el presente en hechos y personas: las mismas personas protagonizan decisiones muy arbitrarias e instalan métodos represivos”, agregó.
En años anteriores, las visitas al penal no solo funcionaron como homenaje, sino también como un espacio de diálogo entre sobrevivientes, familiares y quienes hoy cumplen tratamiento en la comunidad terapéutica instalada dentro de la unidad. Para los organizadores, esa interacción era parte de una construcción de memoria activa, que combinaba la transmisión de lo ocurrido en 1972 con un presente atravesado por problemáticas sociales y sanitarias.