La hiperactividad en el sector energético, el boom de Vaca Muerta y la desregulación de la economía por parte del gobierno de Javier Milei generó una fuerte atención sobre la permanencia en el país de una petrolera británica que, según comunicados de 2012 y normativa de aquel entonces, fue sancionada por realizar operaciones en las Islas Malvinas.
La compañía es Premier Oil PLC, la que a través de una serie de fusiones se está estableciendo en las provincias de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de Neuquén y Río Negro, a través de la compañía Harbour Energy en asociación con diversas hidrocarburíferas. Numerosos medios patagónicos se hicieron eco de este tema en las últimas semanas en paralelo a la confirmación de que llegará un nuevo barco a Río Negro con Gas Licuado en 2028 o 2029.
La situación desnuda no sólo lo contradictoria que resulta la normativa respecto al Reino Unido y las Malvinas en materia de que lo es legal y lo que no, sino también cómo esa falla se complejiza más en un mundo global donde las empresas cambian permanentemente su composición accionaria, sus nombres y su legalidad.
La situación
El 16 de julio de 2012, en el contexto de una de las varias escaladas que mantuvo el gobierno de Cristina Kirchner con el Reino Unido -que ese año le endureció el embargo de armas y equipamiento a la Argentina que ahora el ministerio de Luis Petri, Defensa, busca destrabar-, la Cancillería emitió un comunicado que hacía alusión al anuncio de Premier Oil PLC de asociarse con Rockhopper Exploration PLC para llevar “a cabo ilegales actividades de exploración y explotación hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina”, en relación a las aguas que rodean las Malvinas.
El gobierno de Cristina Kirchner informó entonces por nota a Premier Oil PLC que consideraba a sus actividades como “ilícitas”, y como “clandestina” a la empresa por lo que dijo haber iniciado acciones judiciales locales e internacionales contra ella.
La legislación sobre Malvinas no sólo nunca se derogó y sigue en vigencia, sino que en algunos casos se activa y en otros no. Es arbitraria y hasta se desconoce hoy cuál es el ente de aplicación teniendo en cuenta que durante el kirchnerismo, varias de estas legislaciones salieron del desaparecido Ministerio de Planificación. Y pasa no sólo con las empresas que buscan hidrocarburos en Malvinas sobre la base de las licencias y concesiones que otorga el gobierno kelper.
Para la ley argentina, esa práctica es ilegal. Ocurre también con algunos barcos de bandera extranjera que llevan la bandera isleña y que están prohibidos por normativa del Mercosur en los puertos del bloque. Ya nadie respeta esa letra. Está en desuso para los vecinos, aunque en Argentina causa conflictos.
Recientemente, incluso la Prefectura nacional denunció que un pesquero español estuvo navegando la zona económica exclusiva con bandera isleña y no se lo sancionó.
Las relaciones exteriores
En los distintos ministerios hay profundo enojo con la Cancillería por tener paralizadas las decisiones en torno a las conversaciones que el año pasado le ordenó mantener Milei a la ex canciller Diana Mondino con su par, David Lammy. Ambos se reunieron en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por lo que se espera que Londres busque un encuentro similar ahora con el canciller Gerardo Werthein en su viaje a la ONU de 2025. Será en septiembre.
Mondino firmó una nueva hoja de ruta con el Reino Unido, en una suerte de capítulo 2 a la que había firmado la ex canciller del gobierno de Mauricio Macri, Susana Malcorra, para reactivar la cooperación bilateral en todos los aspectos incluyendo el capítulo del Atlántico Sur, adonde pesa la disputa de soberanía de las Islas Malvinas.
Ese acercamiento generó cruces del kirchnerismo y durante el gobierno de Alberto Fernández hubo una vuelta atrás con el Reino Unido porque se suspendieron las conversaciones del entendimiento. Mientras el Reino Unido pedía el fin de las normativas de sanciones a pesqueras e hidrocarburíferas -entre ellas Premier-, los llamados «obstáculos» para las islas en el Atlántico Sur, más un segundo vuelo con Latam, Argentina obtenía que le habilitaran el plan de identificación de los caídos en la guerra y enterrados en Darwin. Y el comienzo de las negociaciones para destrabar el embargo militar.
Para muchos eso fue poco y ahora, en el equipo de Werthein, donde mantienen autoridad varios diplomáticos del equipo kirchnerista, la postura es la de frenar las conversaciones con Londres, lo que irrita a otros ministerios. El posible nombramiento del embajador Luis María Kreckler en Londres es entendido como un probable giro de Milei-Werthein en ese sentido para que el Gobierno mire al costado con la normativa vigente y se acreciente la relación comercial.
Qué dijo la empresa
Consultada por Clarín, Harbour Energy hizo un punteo sobre su composición accionaria multinacional.
Dijo que operaba en el país “en cumplimiento con todas las normativas nacionales y provinciales, incluyendo la referida a las Islas Malvinas y que ni Harbour Energy ni Wintershall Dea SA han sido sancionadas jamás por el Estado argentino. Si uno contrasta eso con los comunicados de las cancillerías anteriores, hay una contradicción entre lo que decían las autoridades políticas y lo que dice la empresa.
Aseguraron que el permiso exploratorio de Malvinas era parte de los activos incluidos en el paquete de esa operación, pero nunca fueron parte de la estrategia de Harbour Energy. Y que por eso, la dirección de Harbour tomó la decisión de venderlos rápidamente. De hecho, fue el único activo de todo ese portafolio que se vendió una vez finalizada la operación, aseguran.
Wintershall Dea Argentina S.A. mantiene una presencia contínua en Tierra del Fuego desde 1978, operando inicialmente bajo el nombre Wintershall Energía S.A. y, desde 2019, como Wintershall Dea Argentina S.A. A lo largo de las últimas décadas, la compañía ha formado parte del consorcio CMA-1 junto a TotalEnergies (operador) y Pan American Energy, cumpliendo de manera constante con las regulaciones nacionales y provinciales, dijeron.
Informaron que la matriz de Harbour Energy, es Wintershall Dea Argentina S.A. desde 2024, y que es una compañía multinacional con una composición accionaria diversa y global. Los principales accionistas de Harbour Energy son BASF (46,5 %), con sede en Alemania, Citigroup Nueva York (8%) y EIG Global Energy Partners de Estados Unidos (8%). Cotizando en oferta pública y abierta en el índice FTSE en la Bolsa de Londres, Harbour Energy tiene operaciones en varios países, incluyendo la Argentina, Alemania, Indonesia, México, Noruega y el Reino Unido.
Y señalaron que quien lidera a Harbour Energy hoy es el fondo norteamericano EIG y la CEO, Linda Cook, también de nacionalidad estadounidense, ha dicho que “su enfoque estratégico ha sido la inversión en activos de Oil & Gas competitivos fuera de Estados Unidos. Originalmente esa oportunidad apareció en activos del mar del norte británico con activos de la empresa Chrysaor.”
Por su parte, voceros del Foreign Office afirmaron: que el Reino Unido «apoya inequívocamente el derecho de los habitantes de las Islas Falkland a explotar sus recursos naturales en beneficio de su propia economía. Esto forma parte integral de su derecho de libre determinación, que está expresamente recogido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.» Y que la «exploración de hidrocarburos en las Falkland es una actividad comercial legítima.»
En consulta de Clarín, agregaron que «todas las actividades relacionadas con los hidrocarburos en la plataforma continental están reguladas por la legislación del Gobierno de las Islas Falkland, en estricta conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Además, las empresas que realizan perforaciones en aguas de las Falklands están obligadas a cumplir algunas de las normas más estrictas a nivel internacional y son inspeccionadas periódicamente.»