El Gobierno eliminó la reinscripción anual y facilita la tenencia legal de armas

En el marco de su política de simplificación administrativa, el Gobierno nacional eliminó la reinscripción anual y el pago de la tasa correspondiente para los llamados “Legítimos Usuarios” de armas de fuego registrados ante la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac).  La medida alcanza a los usuarios comerciales, colectivos, cinegéticos y entidades de tiro, y fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, firmada por el director de la Anmac, Juan Pablo Allan.

La nueva normativa implica que más de 2.300 personas físicas y jurídicas que operan legalmente con armas en el país —entre ellas fabricantes, comerciantes, clubes de tiro y asociaciones de caza— ya no deberán reinscribirse anualmente ni pagar la tasa correspondiente cada año, como venía ocurriendo. A partir de ahora, ese trámite será cada cinco años, siempre que no haya cambios sustanciales en la información declarada inicialmente.

Cambios en el sistema de control

El sistema anterior exigía una declaración anual obligatoria, incluso cuando no existían novedades en la situación de la empresa o la organización. Además, se exigía declarar cambios en la composición societaria o en la dirigencia cada vez que se renovaba el permiso. Con la nueva disposición, esos reportes deberán hacerse solo si hay modificaciones, y en un plazo de 30 días.

Según fuentes oficiales, los aranceles vigentes hasta ahora iban desde los $20.000 a los $200.000 anuales, dependiendo del tipo de usuario. Su eliminación —excepto cada cinco años— representa un alivio económico significativo para los habilitados.

Desde el Ministerio de Seguridad, que supervisa la Anmac, explicaron: “Esta resolución aligera procesos sin debilitar los controles. El objetivo es reducir cargas innecesarias y facilitar el cumplimiento normativo a quienes, desde distintos sectores, aportan al desarrollo industrial, deportivo y comercial del país”.

Una política más amplia sobre armas

La medida se inscribe en una serie de cambios impulsados por el Gobierno en materia de política armamentística. Entre ellos, se destaca la resolución que  habilita a legítimos usuarios a comprar y tener armas semiautomáticas bajo régimen especial, revocando una prohibición vigente desde 1995.

Además, se implementó la llamada “Tenencia Express”, destinada a facilitar los trámites para usuarios particulares y miembros de fuerzas de seguridad que adquieren armamento en armerías registradas. Otra modificación previa había sido la baja de la edad mínima para ser considerado legítimo usuario de armas, que pasó de 21 a 18 años en diciembre del año pasado.

Aunque las nuevas medidas no alteran ciertos requisitos básicos —como no presentar incapacidades físicas o psíquicas—, sí apuntan a “armonizar” la normativa con otros marcos legales, como  el Código Civil y Comercial, que establece la mayoría de edad a los 18 años.

La flexibilización de los trámites en torno a la tenencia legal de armas ha generado diversas opiniones en la sociedad civil. Mientras que sectores ligados a la industria armamentista y al deporte celebran la reducción de cargas burocráticas, voces críticas advierten sobre los riesgos de relajar el sistema de control en un contexto de creciente inseguridad.