El presidente Javier Milei vuelve a recurrir a una vieja idea para recuperar impulso político: reflotar el Consejo de Mayo, un organismo creado tras la firma del Acta de Tucumán con gobernadores, empresarios y sindicalistas, que debía traducir en políticas los 10 puntos del Pacto de Mayo. Hasta ahora, el espacio existe solo en el papel.
El Gobierno había impulsado este Consejo como símbolo de diálogo y consenso durante el segundo semestre de 2024, pero nunca se constituyó plenamente. Apenas se oficializaron dos nombres: Guillermo Francos, ministro del Interior en ese entonces, y Federico Sturzenegger, titular de Transformación del Estado. Desde entonces, la convocatoria quedó congelada.
Tampoco hubo avances en la representación sindical ni empresarial. El Ejecutivo mantiene su respaldo a Gerardo Martínez (UOCRA) como su interlocutor en la CGT, aunque desde su entorno fueron contundentes: «Ese consejo no existe, no funciona». Del lado empresario, la Sociedad Rural desmintió que Nicolás Pino pudiera sumarse, y dentro del Grupo de los Seis, el único que mostró entusiasmo fue Adelmo Gabbi, titular de la Bolsa.
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Silencios, recelos y nombres en carpeta
En la Casa Rosada hay interés en que Martín Rappallini, flamante presidente de la UIA, represente al sector industrial. Aunque reconocen contactos informales, desde la central fabril aclaran que no hubo avances ni propuestas concretas. El Gobierno valora su perfil más moderado respecto al de su antecesor, Daniel Funes de Rioja, quien había advertido sobre los riesgos de la apertura importadora.
Respecto a los gobernadores, el nombre de Alfredo Cornejo (Mendoza) vuelve a sonar como posible articulador del bloque provincial. Es un aliado potencial: su vicegobernadora Hebe Casado ya se afilió a La Libertad Avanza y mantiene buena sintonía con Patricia Bullrich. Sin embargo, en la última reunión que mantuvo con Francos, el tema del Consejo no fue discutido.
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De la promesa al letargo político
El Consejo de Mayo había sido concebido como el brazo operativo del Pacto firmado en Tucumán, que incluía metas como el equilibrio fiscal, la reforma previsional, la baja de impuestos y la modernización educativa. Más allá de los anuncios, nunca no hubo avances concretos y muchos de los actores convocados siguen sin involucrarse.
La única señal de movimiento provino de los gobernadores de Tucumán y Catamarca, que firmaron con Nación un convenio para intercambiar datos con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de incentivar la repatriación de divisas. Aun así, el resto de los mandatarios provinciales decidió expresar su preocupación por la caída de la recaudación y la parálisis de la obra pública, reuniéndose esta semana en el Consejo Federal de Inversiones.
El trasfondo: tensiones con el interior y la Ciudad
Entre los gobernadores que no firmaron el Acta del 9 de julio se encuentran Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Gustavo Melella, Claudio Vidal, Ricardo Quintela y Sergio Ziliotto. También se mantienen al margen del plan ARCA. A ellos se suman Jorge Macri y Maximiliano Pullaro, quienes rechazaron la propuesta para canjear deuda por rutas o tierras fiscales. Las tensiones con CABA, en particular, se profundizaron luego de las elecciones porteñas y en medio de la negociación por un acuerdo PRO-LLA en la Provincia de Buenos Aires.
En este contexto, los gestos hacia la institucionalidad parecen más simbólicos que efectivos. Y mientras el Consejo de Mayo continúa en pausa, los acuerdos que debían derivar del pacto fundacional siguen sin materializarse.
DCQ / Gi