Los magistrados fundamentaron su postura al considerar que la resolución impugnada no constituye una sentencia definitiva ni por su naturaleza ni por sus efectos, y que no existían elementos que evidenciaran arbitrariedad en la decisión del tribunal de juicio.
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El eje del conflicto radica en la validez de los informes de inteligencia de la UIF como prueba en el juicio oral y público, cuyo inicio está previsto para el 7 de mayo de 2025.
La Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal convalidó la incorporación de informes de inteligencia de la Unidad de Información Financiera (UIF) como prueba en el juicio oral por presuntas irregularidades en licitaciones de Aysa vinculadas al caso Odebrecht.
El tribunal, integrado por los jueces Diego G. Barroetaveña, Carlos Mahiques y Mariano Hernán Borinsky, analizó el recurso presentado por la UIF en su rol de querellante. La mayoría, compuesta por Barroetaveña y Mahiques, declaró inadmisible el recurso interpuesto contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 de la Ciudad de Buenos Aires, que rechazó excluir dichos informes del debate.
Los magistrados fundamentaron su postura al considerar que la resolución impugnada no constituye una sentencia definitiva ni por su naturaleza ni por sus efectos, y que no existían elementos que evidenciaran arbitrariedad en la decisión del tribunal de juicio.
Por su parte, el juez Borinsky votó en disidencia, a favor de declarar admisible el recurso de la UIF y fijar una audiencia de informes en Casación para escuchar a las partes, en línea con lo decidido previamente cuando se admitió la queja de la querella el 12 de diciembre de 2024.
El eje del conflicto radica en la validez de los informes de inteligencia de la UIF como prueba en el juicio oral y público, cuyo inicio está previsto para el 7 de mayo de 2025. La UIF argumentó que dichos informes no pueden utilizarse con fines probatorios debido al deber de confidencialidad establecido en las leyes 25.246 y 27.260. Además, citó acuerdos con la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, según los cuales estos documentos solo pueden servir como guía para la obtención de pruebas dentro del proceso judicial.
La causa investiga presuntas irregularidades en la licitación de dos proyectos de infraestructura promovidos por Aysa en 2007: la Planta de Potabilización «Paraná de las Palmas», adjudicada al consorcio integrado por Construcciones Norberto Odebrecht SA Sucursal Argentina, Benito Roggio e Hijos SA, Supercemento SAIC y José Cartellone Construcciones Civiles SA; y la Planta Depuradora «Sistema Berazategui», a cargo de la Unión Transitoria de Empresas conformada por Camargo Correa Sucursal Argentina y Esuco SA.