A partir del 17 de febrero, la provincia de San Luis implementará un «narcotest» obligatorio para empleados de los tres poderes del Estado, como parte de la Ley de Ejemplaridad y Coherencia, aprobada en noviembre de 2024. Esta normativa, que busca garantizar la transparencia en la gestión pública, incluye a más de 1500 funcionarios provinciales, entre ellos el propio gobernador, Claudio Poggi, y su vicegobernador, Ricardo Endeiza.
El proceso de aplicación de estos exámenes toxicológicos será llevado a cabo por la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de la Universidad Nacional de San Luis. Los funcionarios serán seleccionados mediante un sorteo organizado por la Lotería local, y en un primer sorteo, se escogerán a 100 funcionarios. El número de cada uno será entregado a la Caja Social y Financiera de la provincia, que se encargará de coordinar los sorteos y la posterior notificación.
El procedimiento consiste en una prueba de orina para detectar rastros de drogas ilegales como cocaína, marihuana, anfetaminas, entre otras sustancias. La normativa establece que la prueba será realizada de manera anual y aleatoria. En total, se realizarán los análisis por tandas de 100 funcionarios, hasta que todos los empleados públicos de la provincia se sometan al narcotest.
La ley abarca a una amplia gama de funcionarios, incluidos los integrantes del gabinete, secretarios de Estado, directores, jefes de áreas, y los funcionarios de los entes descentralizados. Además, el narcotest también se aplicará a legisladores provinciales y a miembros del Poder Judicial, tales como jueces del Superior Tribunal de Justicia, jueces de primera instancia, camaristas y fiscales.
En caso de que se detecten sustancias ilegales en algún funcionario, la legislación establece que se aplicarán medidas de contención y asistencia, que pueden incluir licencias, suspensión temporal de funciones o, en casos más graves, el cese en el cargo, dependiendo del caso. Todo ello de acuerdo con la Constitución provincial y la legislación vigente.
Los primeros sorteos se llevarán a cabo el lunes 17 de febrero, y los 100 primeros funcionarios seleccionados recibirán una notificación por WhatsApp y correo electrónico. La presencia de un escribano certificaría la transparencia del proceso. Los funcionarios tendrán un plazo de 24 horas para presentarse a realizarse la evaluación.
El Secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, explicó que cada funcionario estará representado por un número, que será asignado aleatoriamente. En caso de no presentarse o negarse a realizar el test, el funcionario del Poder Ejecutivo cesará en sus funciones. Por su parte, aquellos del Poder Judicial o del Poder Legislativo que se opongan al proceso podrán enfrentar un juicio político o ser sometidos a un jurado de enjuiciamiento.
El gobierno de San Luis ha informado que cada funcionario deberá cubrir los costos del test, que se estiman en alrededor de 40.000 pesos. Según Bazla, esta medida tiene como objetivo asegurar que los funcionarios públicos se encuentren en condiciones óptimas para el ejercicio de sus responsabilidades, reforzando la confianza de la ciudadanía en la administración pública.
Con la aplicación de esta ley, San Luis busca promover un gobierno más transparente y responsable, garantizando que todos los empleados públicos trabajen en un ambiente libre de sustancias que puedan afectar su desempeño. Esta iniciativa marca un paso importante en el esfuerzo por erradicar la corrupción y asegurar que los funcionarios actúen con integridad y en beneficio del bien común.