La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche determinó que no existió relación de dependencia entre un transportista y las empresas Correo Andreani y Andreani Logística. El trabajador había reclamado una indemnización de $13.379.600 más intereses y costas.
La Cámara Segunda del Trabajo de Bariloche rechazó la demanda presentada por un repartidor contra Correo Andreani y Andreani Logística, en la que solicitaba una indemnización de $13.379.600 más intereses y costas. El trabajador sostuvo que operó bajo una «relación de dependencia no registrada» entre marzo de 2021 y marzo de 2024, período durante el cual realizó tareas de reparto y emitió facturas como monotributista para cobrar por sus servicios.
El reclamo se centró en la identificación de la camioneta Fiat Fiorino de su propiedad con la marca comercial de la empresa. El demandante argumentó que el ploteo reflejaba su integración total a la organización. Las firmas postales rechazaron las acusaciones y sostuvieron que el conductor era un «transportista autónomo» con una relación comercial para distribuir mercadería en la región. Destacaron que el trabajador aportaba su propio vehículo y afrontaba los gastos de mantenimiento.
El voto mayoritario del tribunal determinó que no existía la subordinación jurídica necesaria para reconocer un contrato de trabajo formal. Los jueces valoraron que el repartidor asumiera los costos de su propia herramienta laboral, condición que consideraron «compatible con la prestación de un servicio de transporte por cuenta propia». Asimismo, aclararon que el ploteo «tampoco resultó suficiente para acreditar una relación laboral» y que este elemento visual debía analizarse junto con la propiedad del rodado y los gastos asumidos por el conductor.
Otro factor determinante fue la falta de un régimen de control sobre el transportista. La Justicia constató que el hombre no percibía una remuneración mensual fija y que cobraba «importes variables relacionados con los servicios efectuados». A esto se sumó la ausencia de pruebas sobre un horario de trabajo impuesto por las empresas postales.
El tribunal concluyó que la participación en el circuito habitual de entregas no convierte al prestador en empleado, ya que cualquier firma puede contratar servicios externos para desarrollar parte de su actividad. La Cámara rechazó la demanda millonaria, aunque la sentencia aún no se encuentra firme y el trabajador mantiene la posibilidad de apelar.
