La Justicia Federal de Río Gallegos formalizó este jueves las acusaciones contra doce personas detenidas, entre ellas el empresario Lázaro Báez y Claudia Insaurralde, en dos causas que investigan una presunta estructura de narcotráfico y lavado de activos. Las audiencias se extendieron hasta pasadas las 16:30.
La Justicia Federal de Río Gallegos formalizó este jueves las acusaciones contra doce personas detenidas, entre ellas el empresario Lázaro Báez y Claudia Insaurralde, en el marco de dos causas que buscan reconstruir movimientos de drogas y operaciones económicas bajo sospecha.
Las audiencias comenzaron durante la mañana y se extendieron hasta pasadas las 16:30. Nueve de los investigados están vinculados a los procedimientos realizados en Santa Cruz, mientras que los otros tres fueron alcanzados por las actuaciones en Buenos Aires. Algunos de los acusados participaron de manera virtual desde los lugares donde permanecen detenidos o a disposición de la Justicia.
El fiscal federal Julio Zárate presentó ante el juez de garantías Claudio Vázquez los hechos atribuidos a cada uno de los involucrados, las calificaciones legales provisorias y el presunto grado de participación en las maniobras investigadas.
Camiones para trasladar cocaína y un lavadero bajo sospecha
Una de las principales líneas de investigación apunta a una presunta organización que habría utilizado camiones de una empresa transportista para trasladar cocaína. Según la hipótesis de la Fiscalía, esta modalidad habría comenzado a implementarse al menos desde diciembre de 2025.
Los investigadores intentan establecer cómo funcionaba la logística, quiénes participaban de los traslados y cuál era el destino de la droga. En ese contexto, también quedó bajo investigación un lavadero de automóviles ubicado sobre la calle Spilimbergo, en Río Gallegos, que habría funcionado como un posible punto de distribución de estupefacientes.
En paralelo, la Justicia avanza sobre una segunda causa vinculada al patrimonio de Lázaro Báez. El objetivo es determinar si existieron maniobras para administrar, explotar o poner en circulación bienes que podrían tener un origen ilícito, además de identificar a las personas que habrían intervenido en esas operaciones.
La pesquisa busca reconstruir movimientos económicos y establecer si se utilizaron mecanismos para ocultar, transferir o disponer de activos que debían permanecer sujetos a decisiones judiciales.
27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires
Las formalizaciones se produjeron después del operativo desplegado el lunes 9 de noviembre, cuando se realizaron 27 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Claudio Vázquez, a partir de los requerimientos de la Unidad Fiscal Río Gallegos y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los investigadores inspeccionaron viviendas particulares, propiedades vinculadas a Báez, establecimientos rurales, locales comerciales, inmobiliarias y el lavadero mencionado en la causa. Las medidas incluyeron domicilios de Río Gallegos, El Calafate y otros establecimientos de la provincia, además de distintos puntos del territorio bonaerense.
Uno de los procedimientos se llevó adelante en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, donde permanece detenido el empresario, en el marco de las medidas destinadas a profundizar la investigación patrimonial. Al finalizar las audiencias, las doce personas quedaron formalizadas en las dos investigaciones. Además, trascendió que habría otros involucrados alcanzados por restricciones judiciales, entre ellas arrestos domiciliarios e impedimentos para abandonar el país.
Las acusaciones tienen carácter provisorio y la situación procesal deberá evaluarse individualmente. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas medidas a partir del análisis de la documentación y los elementos secuestrados durante los allanamientos.
Con información de El Caletense, editada y redactada por un periodista de ADNSUR.