El Tribunal Oral Federal N.º 2 dictó condenas por administración fraudulenta agravada en el segundo tramo de la causa Vialidad, tras un juicio abreviado en el que los seis acusados reconocieron su responsabilidad. El decomiso de bienes se extendió a $684.990.350.139,86.
El Tribunal Oral Federal N.º 2, a cargo del juez Andrés Fabián Basso, condenó este jueves 12 de noviembre a Martín Antonio Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, y a otros cinco empresarios y ex funcionarios por la maniobra de defraudación vinculada con la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015. La resolución se dictó en el marco del segundo tramo de la investigación, conocido como Vialidad II.
El expediente se resolvió mediante un juicio abreviado acordado entre la fiscalía, las defensas y la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF). Los seis acusados reconocieron su responsabilidad en los hechos investigados y recibieron condenas por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública. El juez Basso también dispuso extender a los condenados el decomiso de bienes por $684.990.350.139,86, una cifra que deberá actualizarse cuando se ejecute la medida.
Martín Báez recibió una pena de tres años de prisión por su participación necesaria en la maniobra. Al unificarse con una condena anterior por lavado de activos agravado, deberá cumplir una pena total de siete años y nueve meses. La resolución también alcanzó a Julio Enrique Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones, quien recibió tres años por Vialidad II. Al unificarse esa condena con otra anterior por lavado de activos, su pena total quedó establecida en cinco años y nueve meses. Mendoza continuará bajo prisión domiciliaria.
Otro de los condenados fue Fernando Javier Butti, accionista y apoderado de Austral Construcciones y vinculado con otras empresas del grupo empresario. En su caso, la pena quedó fijada en dos años y seis meses de prisión en suspenso. Los otros tres condenados fueron ex funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad: Carlos Joaquín Alonso, ex subadministrador general; Jorge Eduardo Gregorutti, ex gerente de Obras y Servicios Viales; y Sergio Hernán Passacantando, ex gerente de Administración. Los tres recibieron dos años y ocho meses de prisión en suspenso, además de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
El eje de la investigación estuvo puesto en las contrataciones y la ejecución de obras públicas viales en Santa Cruz durante más de una década. La causa analizó la participación de empresarios vinculados con las compañías de Lázaro Báez y de funcionarios de segunda y tercera línea de la Dirección Nacional de Vialidad. Entre las firmas mencionadas en el expediente aparecen Austral Construcciones, Kank y Costilla y Loscalzo y Del Curto, empresas que tuvieron un papel central en las adjudicaciones investigadas.
La reconstrucción judicial describió distintos mecanismos que habrían permitido favorecer a las constructoras involucradas. Entre ellos se incluyeron la presentación de ofertas de empresas pertenecientes a un mismo grupo empresario, la firma de contratos que no cumplían con las condiciones establecidas y la ejecución de trabajos bajo un esquema de beneficios para las compañías. También se analizaron los procesos de certificación y pago de las obras, así como las responsabilidades de los funcionarios encargados de administrar los fondos públicos y controlar las contrataciones.
En ese esquema, Martín Báez tuvo participación en distintas sociedades del grupo empresario. La acusación sostuvo que intervino en la presentación de ofertas, la firma de contratos y la administración de empresas que recibieron adjudicaciones y pagos vinculados con la obra pública. La segunda etapa del expediente permitió avanzar sobre otros integrantes de la estructura investigada, especialmente empresarios y funcionarios que participaron en los procesos de contratación, administración y ejecución de los trabajos.
La resolución se inscribe en el antecedente de la primera etapa de la causa Vialidad, en la que fueron condenados Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Báez, entre otros acusados, por la administración fraudulenta relacionada con las obras viales en Santa Cruz. En noviembre de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de seis años de prisión para la ex presidente y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó esa sentencia, que quedó firme. En ese proceso también fueron condenados el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y otros ex funcionarios.
El juez Basso señaló que los hechos analizados en Vialidad II eran los mismos que habían sido objeto del debate oral y público de la primera etapa, en la que se acreditó la existencia de la maniobra defraudatoria. Esta nueva resolución permitió establecer responsabilidades penales para otros participantes del esquema, a partir del reconocimiento de los hechos por parte de los seis acusados.
Uno de los aspectos centrales del fallo es la extensión del decomiso de bienes, cuyo monto asciende a $684.990.350.139,86, según la actualización realizada en julio de 2025. La cifra no constituye una nueva deuda que se sume al decomiso dispuesto en la primera etapa, sino que busca extender la responsabilidad sobre los efectos económicos de la misma maniobra, sin duplicar el monto ya establecido. También deberá determinarse el orden en que responderán los condenados y cómo se computarán los bienes que eventualmente ya hayan sido recuperados.